“Delirio místico”: Fiscalía interviene en caso de religiosos que extubaron a pacientes en IPS

La Fiscalía tomó intervención en el caso de los familiares que extubaron “a la fuerza” a un paciente en el Instituto de Previsión Social (IPS). Los mismos pertenecerían a una secta protestante.

La fiscal Silvia González tomó intervención por parte de la Fiscalía tras la detención de cuatro personas acusadas de extubar a dos pacientes del Hospital Central del IPS.

“Estamos tratando de esclarecer qué fue lo que sucedió y las circunstancias en que sucedieron los hechos”, manifestó en entrevista con el canal C9N.

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La misma indicó que en este momento se encuentran abocados a recabar mayores datos y tomar declaraciones a los testigos del hecho, en su mayoría familiares de otros pacientes y personal de blanco de la previsional.

De igual manera, solicitarán informes al IPS para saber las consecuencias de las acciones de estas personas, luego de que las mismas hayan desconectado la asistencia respiratoria mecánica de dos pacientes.

Sobre el punto, explicó que uno de los pacientes fue extubado “por error”, por lo que podría considerarse un daño colateral en todo este llamativo episodio. “Pensaron que era su padre y no era la persona a quien estaban buscando”, añadió.

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La información extraoficial que se maneja es que los protagonistas pertenecen a la secta protestante “Pueblo de Dios” y que, previo a irrumpir en el área de terapia intensiva, realizaron una especie de “ritual”, con la quema de algunas prendas a las afueras del hospital.

González indicó que todavía no se puede hablar de una carátula fiscal, pues recién iniciaron las primeras diligencias, aunque no se descarta una eventual imputación por tentativa de homicidio. “Estamos en una fase investigativa”.

De ‘suicidio’ pasa a posible crimen: suboficial, en la mira por muerte de su esposa

Un suboficial de la Policía Nacional es investigado tras la muerte de su esposa, quien fue hallada sin vida en el interior de su vehículo. El hecho ocurrió durante la Semana Santa en la ciudad de Encarnación.

El pasado miércoles 27 de marzo se reportó el trágico fallecimiento de Lisa Bogado Alcaraz, de 42 años, en la Avenida Costanera del barrio San Pedro de Encarnación.

La mujer, de profesión abogada, fue hallada sin vida en el interior de su vehículo y con un disparo a la altura de la cabeza, siendo la carátula inicial un presunto hecho de suicidio.

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De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, la muerte de Bogado se produjo en extrañas circunstancias, teniendo en cuenta que la misma habría mantenido una discusión con su esposo antes de su deceso.

Se trata del suboficial Víctor Hugo Ocampos Barrios, de 47 años, quien presta servicio en la Subcomisaría 97 Ape Aimé de la localidad de San Rafael del Paraná, Itapúa. El mismo indicó a los intervinientes que, supuestamente, su pareja tomó su arma de fuego y se autoeliminó frente a él.

El trasfondo de la discusión sería una supuesta infidelidad cometida por el agente policial, de la que Bogado tomó conocimiento a través de capturas de pantalla que le habían enviado por WhatsApp.

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Ahora, la Fiscalía se encuentra investigando el contexto que rodea al fallecimiento de la víctima, ante las sospechas de que, en realidad, pudo haberse tratado de un feminicidio y no de un suicidio como se mencionó en principio.

El fiscal Édgar Villaverde confirmó a GEN que se están realizando varias diligencias con el propósito de determinar si existen residuos de disparos de arma de fuego en las manos tanto del uniformado como de su difunta esposa.

Imputan a intendente de Villa Ygatimí por tala y quema de bosques

El intendente de Villa Ygatimí, Ricardo Giménez Martínez (PLRA), fue imputado por el Ministerio Público por supuesta tala y quema de bosques.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, presentó imputación en contra del intendente municipal de Villa Ygatimí, Ricardo Giménez Martínez, por la supuesta comisión de los hechos punibles de tala y quema de bosques. El Ministerio Público pidió al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el imputado.

La imputación señala que, en fecha 21 de noviembre de 2023 la Fiscalía tomó conocimiento de la tala y quema de bosques ocurrido en las cercanías de la comunidad indígena Ka’aguy Porâ del distrito de Villa Ygatimí, por lo que se solicitó la orden de allanamiento del inmueble ubicado en el departamento de Canindeyú.

El 28 de noviembre de 2023 se allanó el inmueble, ocasión en que los intervinientes fueron recibidos por Giménez Martínez, quien declaró ser el propietario del terreno. Durante el procedimiento se constató a simple vista la tala y quema de árboles nativos, así como la limpieza hecha con la utilización de máquinas en alrededor de 4 hectáreas.

El perito técnico ambiental del Ministerio Público, Gustavo Celle, participó del allanamiento y en su reporte determinó que se constató la limpieza de cobertura vegetal enmalezada como también la tala o tumbado de árboles.

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Acceso a documentos claves: detención de actuaria desvela peligro de la manipulación

La detención de la actuaria judicial Juliana Romero, desvela el escenario altamente problemático del sistema de control de asistentes de los administradores de justicia.


El juez Humberto Otazú señalò que con la revelación de la presunta responsable del robo y modificación de un expediente judicial, se cierra una etapa delicada y enojosa que le tocó atravesar en torno al caso Ramón González Daher.

Otazù indicó que la implicancia de la actuaria en el ilícito, representó un hecho de extrema gravedad, pero que la investigación sobre el tema cumplió el objetivo de detectar y castigar a la persona responsable.

Cabe indicar que la propia actuaria Juliana Romero fue quien presentó una denuncia en la que afirmaba que “desconocidos” ingresaron al sistema con su contraseña, que luego se comprobó que era para reemplazar el expediente N° 1075/2021 “Ramón González Daher s/ testimonio falso” por el expediente N° 2310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”.

La Fiscalía invocó para su acusación las figuras de sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios.

La actuaria Romero Maciel, al momento de la notificación de arresto, sufrió una descompensación y tuvo que ser internada. Por otro lado, no descartan que en torno al asunto, surjan otros implicados.

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