En conferencia de prensa, la titular del Ministerio de Salud confirmó que, tras una reunión desarrollada esta mañana, se tomó la determinación de asignar un salario fijo de G. 10 millones para todos los médicos especialistas.

Esta disposición beneficiará a unos 360 médicos que están culminando su etapa de especialización, incluyendo igualmente a aquellos que vienen cumpliendo con sus pasantías rurales.

Nota relacionada: Residentes de varios hospitales realizan “brazos caídos” en apoyo a médicos rurales

“Buscamos que todos ganen lo mismo, todos los médicos que han hecho una residencia o una especialidad tienen el mismo sacrificio que todos en general”, manifestó Barán.

En ese sentido, indicó que el objetivo es reconocer el trabajo que realizan y, a la vez, disminuir las inequidades salariales en todos los niveles, a fin de buscar “las mejores condiciones para dar un salario digno”.

Leé también: Médicos se manifestaron frente al Panteón de los Héroes para exigir “salarios justos”

Barán comentó que la idea inicial era hacer este aumento de forma gradual, aunque finalmente se llegó a un acuerdo para su implementación directa, luego de recibir el “visto bueno” por parte del ministro de Economía. Para hacer posible este reajuste salarial, se hará una reprogramación presupuestaria en la cartera de Salud.

De esta manera, se deja sin efecto la resolución anterior emitida el pasado 27 de febrero y que era motivo de cuestionamiento por parte de los médicos, llevando incluso a la realización de manifestaciones y una medida de “brazos caídos” en varios hospitales.

La fiscal Fátima Girala cuestionó al oficial José Jiménez por difundir a través de sus redes sociales las grabaciones de sus procedimientos. Además, criticó que estos materiales sean monetizados.

Al respecto, el oficial Jiménez manifestó que con esta disputa, los “únicos que salen beneficiados son los actúan fuera del marco de la ley”.

“Yo no hice una denuncia en contra de ella. Ella fue la que envió una nota a la Comandancia objetando el trabajo que hacemos, todo por haber publicado un audio en el que ella libera a un adolescente aprehendido. Si hizo bien su trabajo, no sé porqué se enoja, algo hay por eso se enoja”, señaló el uniformado en conversación con Monumental.

“Si ella cree que se está violando los derechos, yo tengo más de 150 videos, entonces ya tenía que abrirme 150 causas”, agregó.

Sobre el dinero recaudado a través de las monetización de las grabaciones en Youtube, señaló que esos fondos son destinados a la adquisición de equipos y refacciones de la Comisaría 24 de Asunción.

“No es que yo esté lucrando con eso. No estoy dejando de lado mi profesión, además considero que el dinero que se está monetizando corresponde a la Policía Nacional y por eso estoy dando para las refacciones de la unidad”, subrayó.

El oficial comentó que hasta ahora, el mayor monto recaudado fue de 1.000 dólares. “Quiero que la Comandancia me pida un informe de lo recaudado y con gusto lo haré. Pintamos la Comisaría, mandamos arreglar los aire acondicionados y ahora queremos equipar nuestra unidad”, enfatizó.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados, generó un amplio debate. En ese contexto, el senador Eduardo Nakayama, vocero de la Comisión de Legislación, destacó el trabajo conjunto con las comisiones de Niñez y Adolescencia para ajustar los últimos puntos del documento, cuya versión se recomienda aprobar con modificaciones.

La iniciativa legislativa busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a estar protegidos de toda forma de explotación laboral y trabajo forzoso, prácticas asociadas al criadazgo.

La senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, expresó su apoyo al dictamen de aprobación con modificaciones. Igualmente, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañó el dictamen y subrayó que la tipificación del criadazgo como hecho punible ha sido un punto central del debate.

El Pleno decidió postergar el tratamiento del tema para una próxima sesión extraordinaria, fijada para el martes 20 de mayo.

Un equipo de fiscalizadores del MIC y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) este lunes llevó a cabo un trabajo de monitoreo en seis servicentros.

Dichas estaciones de servicio se encuentran ubicadas en el departamento Central y fueron objeto de la extracción de muestras de los carburantes que se encuentran en sus máquinas de expendio.

Te puede interesar: Analizan modificaciones al proyecto de Ley del futbolista profesional

La finalidad de este trabajo es poder constatar el nivel de cumplimiento del Decreto N° 3241, que establece la mezcla de etanol hasta un 30% con las gasolinas y del 5% de mezcla de biodiesel con el gasoil tipo III.

El director de Combustibles Líquidos del MIC, Juan Paredes, indicó que en estas visitas también se realiza una revisión de la cartelería, que cambian según la calidad del combustible.

Leé también: Autorizan visita excepcional en cárceles por el Día de la Madre

El objetivo principal es monitorear, in situ, la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía, para que se ajusten al decreto y normativas vigentes.

Con las inspecciones de este lunes, totalizan 62 estaciones de servicio monitoreadas hasta la fecha, desde que se inició este operativo en abril último.