“Ya era insoportable el nivel de inseguridad que propiciaban los adictos, a los que ahora se suman indígenas que viven en calles adyacentes al INDI, cada día sufrimos todo tipo de robos y asaltos”, señaló Silvana Pappalardo, una de las manifestantes, en comunicación con la 1020 AM.

Subrayó que, la deplorable situación que sume a los nativos asentados en la zona del ente que administra cuestiones indígenas, es el trasfondo que explica la inseguridad que imprimen.

“Necesitamos que las autoridades tomen decisiones para solucionar este problema. No puede ser que nos rompamos el lomo trabajando para que gente adicta a las drogas nos despojen de nuestros bienes”, agregó Pappalardo.

Apuntó que, no solo la inseguridad se instaló en la rutina de los vecinos, sino también casos de niños nativos que son explotados por la mayores. Remarcó que en plena calle, en horas de la noche, hay personas que mantienen relaciones sexuales, y que la presunción que tienen en la vecindad es que hay abusos contra menores.

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La nueva normativa permitirá ampliar las oportunidades de inversión, fomentar la participación del sector privado y brindar mayor seguridad jurídica a quienes apuestan por Paraguay.

El presidente destacó que esta legislación representa un paso fundamental para consolidar las bases de un sistema financiero moderno, estable y confiable, que proteja los intereses de los inversionistas y garantice el uso responsable de los recursos del pueblo paraguayo.

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Afirmó que “con la promulgación de esta ley buscamos algo esencial: que haya más confianza en los mercados, más transparencia y más dinamismo económico”.

“Esta ley es una herramienta para cuidar mejor los recursos de nuestra gente, proteger a los inversionistas y dar más seguridad a quienes apuestan por Paraguay”, señaló el jefe de Estado.

El mandatario subrayó que cada avance económico debe reflejarse en el bienestar de las familias paraguayas, apuntando a una economía cada vez más robusta y estable.

“Queremos que cada paso que demos en materia económica se traduzca en crecimiento, estabilidad y solidez financiera”, expresó.

El reporte actualizado de Vigilancia de la Salud muestra una notificación de 34516 consultas por virus respiratorios a nivel país. Ante este escenario, la curva de tendencia continúa por encima del umbral de alerta.

El rhinovirus y el SARS-CoV-2 son los virus que guardan relación con el mayor motivo de consultas y hospitalizaciones.

Por otra parte, la cifra de ingresos hospitalarios se mantiene estable, sin aumentos en los últimos días. En este contexto, en la semana epidemiológica (SE) 44 se contabilizaron 289 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los centros centinelas, observando un descenso del 2 % con relación a la semana anterior. El 22 % de los hospitalizados ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

La mayor afectación se observa en personas mayores de 60 años (29 %), seguido de la franja pediátrica: menores de 2 años (19 %) y el grupo de 5 a 19 años (18 %).

En la última semana, se identificó que los virus respiratorios circulantes en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas son: rhinovirus, SARS-CoV-2, seguido de adenovirus, influenza B, virus sincitial respiratorio y parainfluenza.

En lo que va del año, suman 356 los fallecidos confirmados por virus respiratorios, principalmente por influenza A H1N1, rhinovirus y SARS-CoV-2. En la última semana (SE) 44 se identificaron 4 fallecidos asociados a virus respiratorios: por SARS-CoV2 (3) y por rinovirus (1).

Ante la presencia de síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta u otro), es recomendable usar tapabocas para impedir contagios y acudir a la consulta médica.

El agente fiscal Marcelo Saldívar confirmó al canal GEN que, luego de tomar conocimiento sobre esta grave denuncia, impulsó una serie de diligencias para avanzar en la investigación.

La acusación habla de una cirugía errónea en la mano sana de la niña, aunque que desde el Hospital Militar sostienen otra versión, alegando el padecimiento de otra patología en el mano donde no estaba el quiste a extirpar.

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El representante del Ministerio Público confirmó que no hubo autorización expresa de los padres de la pequeña paciente para operar esta mano, ya que los estudios previos no detectaron ninguna anomalía en ella.

Los dos hechos punibles que son analizados en estos momentos son lesión culposa (en caso de constatarse la operación incorrecta) y tratamiento médico sin consentimiento (si la intervención se llevó a cabo sin orden de los padres), indicó.

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De momento, no existe imputación contra ninguno de los profesionales que estuvieron a cargo del procedimiento quirúrgico en el Hospital Militar.

La Suprema Corte de Justicia Militar decidió abrir una investigación interna para dilucidar lo ocurrido. A la par, se dispuso la separación del cargo del Dr. Fernando Sanabria, médico cirujano a cargo de la operación.