La fiscal Zunilda Ocampos Marín acusó al propietario de un inmueble rural de la colonia Ara Potî del distrito de Los Cedrales por los supuestos hechos punibles de perjuicio a reservas naturales, desecación de humedales y declaración falsa.

Se trata de João Emanoel de Almeida, de nacionalidad brasileña. Igualmente, presentó acusación contra la consultora ambiental Myrian Griselda Martínez Benítez, de profesión abogada e ingeniera ambiental, por transgresión de la Ley 716/96 del Artículo 5, “los que eludan obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas”.

Según los antecedentes, el brasileño sería autor y responsable de haber atentado contra el medio ambiente, la calidad de vida humana y contra las relaciones jurídicas, según los diversos elementos de sospecha colectados por la Unidad Especializada en la Lucha contra Delitos Ambientales.

Esto considerando que el 14 de junio de 2022, la Fiscalía constató que el hoy acusado permitió y autorizó actividades como canalizaciones, desecamiento, profundización y ensanchamiento del canal de flujo de recursos hídricos proveniente de una naciente y la eliminación completa de vegetación, parte del bosque protector del cauce, en el interior del inmueble ubicado en el distrito de Los Cedrales, al sur de Alto Paraná, propiedad del acusado.

Con su accionar, el sindicado igualmente atentó contra los mecanismos de control de agua, afectando nacientes dentro de la propiedad, según pudo confirmar la investigación realizada sobre el caso.

El acusado, para obtener la licencia ambiental, habría empleado datos falsos en el proyecto presentado ante el MADES para de esa manera conseguir la aprobación de la evaluación de impacto ambiental y la licencia ambiental con la finalidad de habilitar suelo y realizar cultivos agrícolas mecanizados, transgrediendo las leyes ambientales.

A su vez, Myrian Griselda Martínez Benítez habría participado en los hechos para la obtención de la licencia ambiental de parte del MADES, por lo que igualmente fue imputada en su momento y ahora formalmente acusada.

El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde, quien elevó la causa a juicio oral y público.

En un acto encabezado esta mañana por el presidente de la República, Santiago Peña, se procedió a la habilitación oficial del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) de Villa Hayes.

Se trata del tercer espacio de este tipo (sumado a los inaugurados anteriormente en Capiatá y Encarnación) y del primero que funciona en la región del Chaco paraguayo.

Nota relacionada: Inauguran el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en Capiatá

El nuevo centro forma parte del programa “Semillas del Futuro”, impulsado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), en conjunto con otras instituciones, y tendrá capacidad para recibir a aproximadamente 100 niñas y niños desde los 3 meses hasta los 4 años.

Allí se ofrecerá atención integral durante una etapa clave para el desarrollo cognitivo, emocional, físico y social, contando con salas diferenciadas por edades, consultorios médicos, comedor, parque inclusivo y espacios destinados al acompañamiento familiar y comunitario.

Leé también: Peña inaugura segundo Centro de Atención Integral a la Primera Infancia en Encarnación

Durante su discurso, Peña enfatizó el valor humano y transformador del programa “Semillas del Futuro”, destacando que los centros de atención representan una política pública pensada para acompañar tanto a los niños como a sus familias.

Unos 50 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia se encuentran actualmente en etapa de construcción. El programa prevé alcanzar un total de 100 espacios, en los 17 departamentos del país.

El Mecanismo de Prevención de la Tortura se hizo eco de la denuncia que involucró a la Residencia de Adultos Mayores “El balcón de la Luna”, ubicada en Capiatá, y que guarda relación con un intento de extracción de dinero de la cuenta de un anciano fallecido.

La encargada de dicho establecimiento, Sara Andrea Irala Zárate, habría utilizado la tarjeta de cobro de la pensión de la tercera edad de este residente para tratar de retirar una millonaria suma de dinero del banco.

Nota relacionada: Intentaron usar tarjeta de anciano fallecido para retirar G. 50 millones del banco

En vista a lo acontecido, el MNP reitera la necesidad de fortalecer las garantías de protección y autonomía de las personas adultas mayores que residen en hogares de cuidado, especialmente en contextos en los que requieren apoyos para la toma de decisiones.

Funcionarios del ente el año pasado habían realizado una visita al hogar, ocasión en que ya advirtieron sobre riesgos vinculados a la vulneración de derechos y sobre la necesidad de fortalecer estas garantías.

Leé también: Dinavisa ordena retiro de productos Ypê por riesgo de contaminación microbiológica

En tal sentido, el MNP resalta que la institucionalización y la necesidad de apoyos para las actividades de la vida diaria no implican la pérdida de derechos ni de la capacidad de participar en decisiones sobre la propia vida.

“Cuando las personas adultas mayores requieren apoyo en la toma de decisiones, la protección debe ejercerse mediante una representación legal adecuada, siendo fundamental el rol del Ministerio de la Defensa Pública para resguardar sus derechos y autonomía”, enfatiza el comunicado.

La medida se basa en la resolución RE N.° 1.834 del pasado 7 de mayo, mediante la cual la autoridad sanitaria brasileña ordenó el retiro del mercado de productos fabricados por Química Amparo Ltda..

Según el informe oficial, durante una inspección conjunta fueron constatadas fallas graves en los sistemas de garantía de calidad, producción y control, con riesgo de contaminación microbiológica por presencia de pseudomonas aeruginosa, un microorganismo patógeno oportunista de relevancia sanitaria.

La disposición afecta específicamente a productos de las líneas de desinfectante, lavavajillas líquido, jabón líquido y jabón en polvo para ropa, cuyos lotes tengan numeración final en 1.

Dinavisa informó además que realizó la trazabilidad de las importaciones ingresadas al país, identificando que los productos alcanzados por la alerta fueron introducidos bajo registros sanitarios otorgados a Trading Company S. A..

En ese contexto, la institución ordenó a distribuidores, depósitos y puntos de venta proceder a la cuarentena inmediata de las unidades en existencia y ponerlas a disposición de la firma titular del registro sanitario.

Asimismo, la autoridad sanitaria recomendó a la ciudadanía suspender de forma inmediata el uso de cualquiera de los productos incluidos en la alerta, debido a los riesgos que podrían representar para la salud, e instó a denunciar productos falsificados o ingresados ilegalmente al país.