Este martes, el congresista colorado Mauricio Espínola y su abogada Cecilia Pérez comparecieron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja. El político abdista está imputado por Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, Revelación de secretos de servicio y Asociación criminal. El mismo debe ser desaforado para poder ser procesado, investigado y castigado (o no) por la justicia.

En la oportunidad, el exsecretario privado de Mario Abdo Benítez solicitó a sus colegas que no sea desaforado, al no existir garantías procesales. “Me presento ante la comisión… siento que no tengo garantías como ciudadano”, expuso.

En su defensa, aseguró que, esta causa inició con la violación a la libertad de prensa, al preguntar las fuentes de las publicaciones que habían sido filtradas desde la Seprelad a los medios oficialistas, durante la campaña electoral.

Por su parte, la abogada Cecilia Pérez, representante legal del legislador, alegó ante la comisión que, existe falta de mérito en la causa y además que esta investigación es producto de un hecho bochornoso de la Fiscalía y del sistema de justicia.

En su argumentación, trajo a colación el contenido de los supuestos chats entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado Pedro Ovelar. “Se adulteraron pruebas (contenido de testificales y fechas de diligencias) por indicación del abogado denunciante al fiscal interviniente”, agregó.

LA IMPUTACIÓN

Según la Fiscalía, el entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, accedió a información confidencial y publicó en su red social Twitter (X) los salarios percibidos por el entonces candidato presidencial Santiago Peña como directivo del Banco Basa, a efectos de desacreditarle políticamente durante la campaña presidencial.

El escrito que habría publicado decía textualmente: “@SantiPenap que dirán tus compañeros de Harvard de ver que recibis millones de un banco en la mira por lavado? Y que te van a volver a financiar la campaña?? En momento de lucha contra el lavado de dinero @laembajada…”.  Llamativamente, solo pasaron 17 minutos entre que Espínola realizó su posteo y el momento en que el director Guillermo Preda remitió los mismos datos al analista de la Seprelad Derlis Ruíz.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.