En nuestro país se volvió una costumbre hablar de la carátula de una investigación, como algo muy profundo y categórico, cuando en realidad no alcanza ese nivel de definición que algunos le imprimen.

“En realidad no es más que una cuestión meramente administrativa de la nominación que le da el funcionario que recibe la denuncia. No tiene absolutamente ninguna regulación legal. No es que la carátula propiamente sea un acto procesal, sino es simplemente una cuestión propia del funcionario que recibe la denuncia”. Estas son las expresiones del abogado Ricardo Preda, durante una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

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No obstante, lo ideal desde el punto de vista legal es que, la Fiscalía y sus pedidos se refieran simplemente a tal o cual hipótesis de un hecho punible, pues, la sola mención del nombre genera una afectación en la persona.

Durante una pesquisa, el Ministerio Público no tiene la obligación de comunicar nada al investigado, hasta tanto no se formule ninguna imputación, dado que, con esa premisa, no se podría indagar sobre ningún hecho complejo.

“Cuando se hace un allanamiento o una escucha telefónica, de ninguna manera se le avisa a quién va a ser allanado, pero la defensa de esa persona puede controlar posteriormente el resultado de esa extracción”, explicó Preda.

En cuanto a los elementos recolectados, el lugar en el que se discute la validez o no de esas evidencias es en la audiencia preliminar, siempre que la Fiscalía sostenga una acusación, pues, de hecho, la imputación es apenas el inicio de una investigación formal.

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Ayer, un violento asalto se registró en la Granja Siete Cabrillas, ubicada en el camino a la compañía indígena Río Apa, en la ciudad de Vallemí. Cuatro hombres armados irrumpieron en el lugar, llevándose 10 millones de guaraníes, un teléfono móvil y dos armas de fuego, aún no identificados.

Durante el ataque, Luis Fredy Bogarín, de 23 años, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un hospital en la ciudad de Concepción, donde su estado de salud es crítico.

La víctima principal, Nelson Florentín Alcaraz, de 46 años, relató que estaba en el baño cuando escuchó voces y se percató del robo. Logró escapar hacia la vivienda de un vecino, a un kilómetro de distancia, desde donde alertó a las autoridades.

Los delincuentes huyeron en dos motocicletas, una de ellas una huella roja, y hasta el momento permanecen prófugos. La Policía del Departamento de Investigaciones de Concepción está trabajando en la identificación y captura de los responsables.

El próximo miércoles 29 de enero autoridades de la Secretaría Nacional de Cultura presentarán el programa para salvaguardar uno de los espacios patrimoniales de nuestro país, la estación de tren de Ybytymi.

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La intervención busca garantizar la preservación de este bien cultural, considerado un testimonio clave del desarrollo económico y social de la región.

La estación de tren de Ybytymi forma parte de un programa que busca restaurar los espacios que forman parte del patrimonio inmaterial del Paraguay, al cual destinaron un total de USD 5 millones (equivalentes a Gs. 38.800.000.000) a través de Itaipú.

Los ocho sitios que serán intervenidos en esta primera fase son:

• La Recova (Asunción)
• Estación de Tren de Ybytymí (Paraguarí)
• Estación de Tren de Areguá (Central)
• Estación de Tren de San Salvador (Guairá)
• Templo Ñandejara Guasu de Piribebuy (Cordillera)
• Templo San Buenaventura de Yaguarón (Paraguarí)
• Templo Isla Umbú (Ñeembucú)
• Casa de la Cultura de San Pedro del Ycuamandyyú (San Pedro)

En una segunda fase se añadirán otros sitios emblemáticos como la Estación Central del Ferrocarril del Paraguay, la Catedral Metropolitana de Asunción, el Palacio Patri y la Casa de Serafina Dávalos.

La agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, presentó la acusación contra personas privadas de libertad sindicadas como responsables de fraudes informáticos.

Los implicados, liderados por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el hombre de las mil voces y condenado por el mismo hecho, habrían falsificado 133 documentos de identidad y utilizado 20 líneas telefónicas en 107 dispositivos móviles.

Mediante la adulteración de datos personales y fotografías, lograron que el sistema de autenticación biométrica “FaceTec” validara accesos no autorizados, permitiéndoles vincular múltiples identidades falsas a una sola billetera electrónica y realizar transferencias fraudulentas.

Los acusados enfrentan cargos por fraude informático, adulteración de documentos y lavado de activos provenientes de sistemas informáticos. El Ministerio Público ha solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.