El comunicado indica que en la publicación nuevamente se hace referencia al avión venezolano con tripulación iraní, que transportó cigarrillos fabricados por Tabesa a Aruba. Al respecto, la empresa aclara que ante el primer requerimiento de la Fiscalía, se proporcionó toda la información y documentación debidamente autenticada por escribano, donde se demuestra claramente que la firma nada tuvo que ver con la contratación de dicho avión.

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“Ese avión fue contratado y pagado por la empresa de Aruba a la que le fuera remitida los productos por cuenta y orden de TABACOS USA, por lo que no desarrollaremos nada sobre este tema, debido a que la documentación se encuentra en poder de la institución pertinente. Cabe recordar que la responsabilidad del control documental de la aeronave y su tripulación corresponde a las instituciones pertinentes, llámese DINAC, Migraciones, la Dirección Nacional de Aduanas para el control de la exportación pertinente, y en este caso en particular, los productos exportados fueron verificados también por la SENAD”, resalta el comunicado.

El comunicado menciona además que algunos periodistas hacen referencia al costo del flete versus el valor de los productos transportados. “Es un análisis que tiene sentido; efectivamente un flete aéreo es muy oneroso en relación al valor de la carga, pero el análisis debe hacerse considerando el precio promedio de todos los embarques de cigarrillos que en su mayoría son remitidos por vía fluvial y marítima. los envíos aéreos, en el marco de exportación de cigarrillos, son envíos de emergencia y excepcionales cuando existe peligro de desabastecimiento en el mercado de destino”, aclaran.

El pronunciamiento sostiene además que también en el mismo informe se habla de que hay diversos orígenes de las importaciones, refiriéndose a que el 20% tiene origen de Aruba, 14% de Estados Unidos y 12% de Paraguay, aclarando que ese 12% de nuestro país no es de TABESA, porque la firma no ha hecho ninguna exportación directa a Venezuela. Si llegan productos de TABESA a Venezuela, es a través de los distribuidores de la zona del Caribe.

Con referencia a los accionistas de Mundo Factory y sus vínculos políticos en Venezuela, desde Tabesa aseguran no tener conocimiento porque esta empresa no es cliente directo.

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Por otra parte, explican que el señor Horacio Cartes, ex accionista de Tabesa, no tiene funciones directivas en la empresa desde hace más de diez años. “Consideramos que se debería estar orgulloso que productos nacionales tengan aceptación internacional, generando ingresos de divisas a nuestro país, así como miles de fuentes de trabajo directas e indirectas, sin olvidar que Tabacalera del Este S.A. es reiteradamente el mayor aportante de impuestos al fisco del sector privado”, agregan.

Ante el pedido del gremio de postergar la reunión tripartita prevista para esta mañana, el viceministro Fernández se presentó de todas formas en el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (MTESS) a fin de interiorizarse respecto a los elementos legales que amparan dicha reprogramación.

“Sin dudas era importante constituirnos en el Viceministerio de Trabajo para conocer los elementos legales que están en la Constitución Nacional y en el código laboral. El viceministro de Trabajo, César Segovia, nos explicó que esto forma parte de un proceso legal, y que en ese aspecto es que se atendió el pedido del gremio”, expresó a los medios de prensa.

Enfatizó que sus esfuerzos están enfocados en desactivar el paro de buses previsto a partir del lunes 20 de mayo en la reunión tripartita de este viernes y apela, una vez más, al diálogo como el camino para encontrar soluciones.

“Queremos avanzar en todas las mesas institucionalizadas que tenemos, porque nuestro compromiso es con los ciudadanos. Nuestro objetivo es levantar el paro a través del diálogo”, agregó.

Mañana viernes a las 15:00, en la sede del Ministerio del Trabajo se llevará a cabo el encuentro entre representantes de Cetrapam, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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