El comunicado del gremio expresa su apoyo y reconocimiento a la medida, como “un paso importante para mejorar la regulación y ordenamiento del sector”.

La Dicapar sostiene que este decreto permitirá una planificación más efectiva en la distribución de recursos disponibles, especialmente en zonas urbanas donde existe un significativo número de gasolineras.

Por otro lado, consideran que además de la importancia que esta suspensión genera para el cuidado del medio ambiente, creen que el sector también requiere de otras políticas públicas que ayuden a reducir la creciente informalidad.

“Instamos a las autoridades competentes como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) a fortalecer las labores de inspección y verificación de la calidad de los combustibles; así como también el cumplimiento de la carga de octanaje prometido al usuario”, refiere el pronunciamiento.

Asimismo, reiteran el compromiso con el desarrollo del sector de manera sostenible en el país, al igual que con las necesidades e intereses de los consumidores. “Estamos abiertos a colaborar estrechamente con las autoridades para plantear soluciones eficientes que beneficien en transparencia, calidad y seguridad para el mercado”, agregan.

En Asunción se instaló la primera tobillera electrónica con el dispositivo botón de pánico para la víctima, una madre que fue amenazada por su hijo Ángel Gabriel Aquino.

El hombre está procesado por violencia doméstica y ya guarda prisión domiciliaria desde el viernes pasado, cuando la jueza Diana Carvallo dispuso que se le coloque la tobillera.

Su arresto domiciliario será bajo estricto control de la Policía Nacional, tiene prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con la víctima, y en caso de que lo intentara, a la mujer le conectaron en el celular el botón de pánico.

Según el Ministerio Público, la tobillera electrónica y el dispositivo con botón de pánico para la víctima se aplicarán sin ningún costo para los mismos, debido que el procesado fue declarado insolvente y es asistido por la defensora pública, María Sol Samaniego.

La Fiscalía también dispuso la instalación del dispositivo electrónico y capacitación del procesado, así como la capacitación de la víctima y la entrega del celular con botón de pánico.

En una zona de plena producción agrícola a la que se llega por un camino terraplenado de gran calidad, en la colonia Sidepar, en el límite con San Pedro y Caaguazú, fueron localizadas 40 hectáreas de marihuana, al lado de cultivos agrícolas.

Este dato es llamativo para la Senad, teniendo en cuenta que los cultivos ilegales están a la vista de todos y cerca de comunidades rurales, lo que evidencia la normalización y naturalización de este tipo de prácticas.

Los agentes procedieron a incinerar 300 kilos de marihuana embolsada y lista para la venta. Además, las plantaciones eliminadas equivalen a una producción de 120 toneladas de marihuana, según las estimaciones de los intervinientes.

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Consultado acerca de la posibilidad de que el grupo liderado por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, esté detrás de esta producción, el ministro Rachid contestó:

“Canindeyú es una zona donde esa estructura (la de Macho) se movía bastante, antes con mucha libertad, hoy, después de todos los operativos, este grupo se encuentra totalmente disminuido, reducido, antes se movían en vehículos blindados, de alta gama, con personas equipadas y armadas, hoy en día ellos están, principalmente él está escondiéndose y está prófugo de la justicia”.

A nivel general, señaló que las organizaciones criminales se van alejando de la zona central o típica de los cultivos de marihuana en Canindeyú, en busca de lugares muy estratégicos, en este caso, entre departamento y departamento.

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El Ministerio de Economía y Finanzas hace un llamado a 5.365 jubilados de la Caja Fiscal que hoy no pueden cobrar por el bloqueo de sus cuentas, a ingresar a la web de la institución y realizar el censo digital.

Los interesados podrán encontrar el enlace en la página de la cartera estatal.

El formulario solicita número de cédula, dirección del domicilio, correo electrónico y los datos de un familiar. No se pide fotografía de la persona.Una vez llenados los espacios, el Ministerio procede al desbloqueo de cuentas en un plazo de 24 a 48 horas.

El censo digital a los jubilados de la caja fiscal (sector público) finalizó el 3 de mayo, fecha en que el Ministerio de Economía procedió al bloqueo de cuentas de las 8.000 personas que no completaron el trámite.

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Desde entonces hasta el corte del 13 de mayo, esta cantidad de pendientes bajó a 6.192. Posteriormente, el nuevo informe de esta última semana de mayo muestra que la cifra descendió a 5.367, lo qe significa que, desde el 3 de mayo hasta hoy, 2.635 personas cumplieron con el trámite.

Los jubilados que ya realizaron el Censo pueden verificar su registro enhttps://censos.hacienda.gov.py/censo-consulta-publica

La Caja Fiscal es la entidad previsional que aglutina a todos los trabajadores del sector público (Administración Pública, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Magisterio Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional) para otorgar beneficios de jubilaciones y pensiones.

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