El presidente de Petropar, Eddie Jara, destacó que la disminución de los precios de los distintos tipos de combustibles en 600 guaraníes fue posible mediante las acciones urgentes y rápidas que fueron encomendadas por el presidente Santiago Peña.

“Estas acciones se pudieron haber hecho anteriormente”, respondió en conferencia de prensa ante la consulta sobre si en el Gobierno anterior ya se podía haber disminuido la tarifa de los hidrocarburos.

Jara detalló que esta disminución se podría mantener hasta los primeros 100 días. “No se sorprenden que el mes que viene volvamos a bajar más, porque así sostienen los expertos, que podría bajar más el precio en septiembre”, indicó.

Consultado sobre cómo el Gobierno de Peña, en solo una semana de haber asumido, puede cumplir con uno de los grandes pedidos de la ciudadanía, la autoridad de la petrolera detalló que se adoptaron medidas administrativas que posibilitaron reducir costos. En ese sentido, el nuevo Gobierno consiguió un ahorro de 8.000 millones de guaraníes solo al hacer reajustes en los gastos, y en 4 millones de dólares por las compras oportunas de los productos.

“Nosotros estamos trabajando hace más de un mes en esto, no es que esperamos al 16 de agosto para analizar, teníamos los datos y empezamos a contactar con los proveedores, viajamos al exterior y conseguimos importantes ahorros en las compras que hicimos. Creo que cualquiera pudo haber hecho esto, (…) apretamos el torniquete lo más que pudimos”, dijo.

Otra de las medidas fue una desvinculación importante del personal de la institución pública. Al respecto, Jara adelantó que ya hay más de 500 personas desvinculadas, de las cuales muchas ingresaron con contratos tercerizados y otras sin concurso. “Es como tener personal para una segunda planta. Estamos hablando 3.500 millones de guaraníes (ahorrados) solo en ese ítem. Estamos tratando de entender qué hacían. Vemos que muchos operativos subieron a cargos gerenciales y los cargos vacantes eran ocupados por personas tercerizadas. Estamos sacando ahora a los tercerizados y a los que ingresaron sin concurso”, precisó a la radio Monumental.

“Los niveles que encontré me sorprendieron bastante, se duplicó el costo operativo”, expuso sobre la caótica situación administrativa de la petrolera estatal. Petropar estaba funcionando con 1.200 personas, entre personal contratado, permanente y tercerizado, cuando en la práctica puede estar operativo con solo el 40% de esa cifra de trabajadores, de acuerdo con el entrevistado. No obstante, reconoció que por cuestiones de derechos laborales no pueden realizar una drástica reducción del plantel.

Por otro lado, Jara destacó que en la administración de Mario Abdo se esfumaron casi US$ 200 millones de Petropar que había dejado el Gobierno de Horacio Cartes para el pago a PDVSA. “Necesitamos entender lo que pasó, no es una persecución, de modo a saber cómo actuar de cara a futuro. Definitivamente no está el dinero, no se puede ocultar una plata tan grande, estamos investigando cuál fue el destino”, dijo al momento de aclarar que todo dependerá de los resultados para judicializar o no lo ocurrido con esta “desaparición” de dinero.

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EN DESARROLLO.

El fiscal anticorrupción Jorge Arce libró oficio a Petróleos Paraguayos (Petropar) para que informe sobre la provisión de combustible al Instituto de Previsión Social (IPS) en el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2022 y primer cuatrimestre del año 2023. Asimismo, se libró oficio a Interfisa Banco solicitando todas las documentaciones relacionadas al préstamo concedido al IPS.

Es en la causa abierta por supuestas irregularidades cometidas en la distribución de combustibles en el ente previsional por millonarios montos. Arce requirió a la Contraloria General de la República los informes finales de auditorias financieras y de gestión realizadas al IPS correspondientes a los ejercicios fiscales 2016 al 2021.

Igualmente se cursó el pedido al IPS para obtener la copia autenticada de informes de auditorias de varios ejercicios financieros y se requirieron además los legajos completos de aquellos funcionarios mencionados en los informes de la CGR. Asimismo, se solicitó al IPS informe de diseños e implementación de plan de mejoras, cronogramas, etc que fueran recomendadas por la CGR tras su intervención.

En el marco de las investigaciones preliminares comparecieron ante el Ministerio Público los siguientes funcionarios de la Contraloria General: Enrique Esquivel, Francis Schatp, Leonardo Ariel Nuñez, Juan Bautista Ignacio Bettini, Aristides Ramon Rivas Barrios, Juan José Rojas Vera, Graciela Aymar Vargas, Alba de Jesús Sotelo y Eva Dionicia Gimenez.

Al Instituto de Previsión Social se requirió los documentos originales que guardan relación con las órdenes de trabajos de móviles supuestamente utilizados por consejeros en periodo de vacaciones.

Por otra parte, a Petróleos Paraguayos, el Ministerio Público requirió los comprobantes de respaldo de entrega de tarjetas magnéticas, planilla de provisión de combustibles, planilla de reporte mensual de transacciones de tarjetas FLOTA, extracto mensual de las tarjetas administrativas o tarjetas madres, copia certificada de las facturas emitidas por la empresa petrolera, etc.

A la estación de servicios adherida se solicitó el listado de playeros del surtidor, planilla de provisión de combustibles, reporte mensual de transacciones de tarjeta FLOTA, etc.

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El periodista Aldo Ynsfrán, de Nación Media, informó que el tribunal de sentencia, integrado por Elsa Garcia, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, condenó a tres años de cárcel a Justo Ferreira, encontrado culpable por contrabando en el caso Imedic S.A.

Mientras que su hija Patricia Ferreria, el despachante aduanero Carlos Gamarra, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta fueron absueltos de culpa y pena. Los delitos absueltos son uso de documentos no auténticos, contrabando y asociación criminal.

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Los fiscales anticorrupción Jorge Arce y Osmar Legal habían pedido una pena de 6 años de cárcel para Justo y Patricia Ferreira, por el ingreso al país de 50 camas hospitalarias de alta gama sin autorización durante la pandemia del Covid-19.

La Fiscalía sostuvo que el 18 de abril de 2020 ingresaron al país no solo las 400 camas solicitadas, sino 450 y el excedente eran camas eléctricas de alta gama, que no estaban previstas en los papeles, pero aún así ingresaron a territorio paraguayo.

LA DENUNCIA

El Congreso de Paraguay promulgó en abril de este año la ley N° 6524/2020 que declaró Estado de Emergencia en todo el territorio ante la pandemia por el Covid-19. Con esta normativa se autorizó la contratación de un préstamo internacional por valor de US$ 1.600 millones para fortalecer el sistema de salud y los programas sociales necesarios para asistir a la población.

A un mes del inicio de la cuarentena y mientras miles de familias paraguayas fueron obligados a permanecer encerradas en sus casas, el Ministerio de Salud procedió a adjudicar los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron 13,5 millones de dólares en una sola contratación y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.

La investigación del caso arrancó el martes 14 de abril en el programa La Caja Negra. El trabajo consistió en observar y contrastar los datos abiertos publicados en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas. Los primeras pistas del caso revelaban que la millonaria contratación se había hecho vía excepción alegando “urgencia impostergable”, es decir no hubo concurso de precio y el proceso arrancó plagado de irregularidades.

Las empresas beneficiadas por el ministerio de Salud fueron: Insumos Médicos SA (Imedic) cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, por un monto total de G. 47.952.500.000 y Eurotec SA, cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, favorecida con un contrato de G. 37.268.000.000. La compra directa vía excepción benefició así a empresas pertenecientes a un mismo clan familiar.

Las empresas del clan Ferreira beneficiadas con los contratos se comprometieron a proveer al Ministerio de Salud 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas, 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos, 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.

Las empresas beneficiadas con los contratos finalmente no cumplieron con lo pactado, la carga de insumos llegó incompleta y no correspondían a lo pactado en el contrato. El ministerio de salud tuvo que rescindir los contratos y solicitar la devolución del anticipo pagado.

La compra fallida y el intento de negociado tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y administrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.

La investigación demostró la colusión (empresas vinculadas a un mismo clan familiar), el pago irregular de un anticipo de 17 mil millones a favor de ambas firmas, la falta de transparencia en el proceso de contratación y la tentativa de estafa contra el Estado paraguayo.