Los agentes de la Receita Federal detuvieron a una paraguaya durante una inspección de rutina en el puente de la Amistad, cuando intentó cruzarla. De su poder incautaron 97.340 reales en efectivo.

Los datos refieren que la compatriota viajaba sola en su vehículo. Cuando se le pidió la suma en especie, afirmó que se trataba de recursos propios provenientes de su trabajo.

Posteriormente, fue liberada con la cantidad de R$ 50.700, el equivalente a 10.000 dólares estadounidenses. Ésta es la cantidad de dinero permitida por la legislación. El importe de R$ 46.585, que debía haber sido declarado, fue retenido por la Hacienda Federal.

Medios de prensa del Brasil consultaron a la Hacienda Federal si la mujer podría recuperar el dinero emprendiendo acciones legales. “Ella debería haber declarado el monto antes de cruzar el Puente de la Amistad. Ahora se mantendrá”, explicó la institución. La mujer declaró al IRS que la cantidad es resultado de su trabajo.

Al respecto, Klaus Pistilli, viceministro del Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), precisó que, según la Ley de Presupuesto, el MITIC tiene la responsabilidad de velar por la autorización de compras tecnológicas a nivel transversal en todos los organismos estatales.

En este contexto, el IPS presentó sus especificaciones técnicas para la licitación de cámaras de vigilancia a fines de 2024. Sin embargo, las observaciones del equipo del MITIC, en especial de la Dirección General de Infraestructura y Conectividad, surgieron debido a detalles técnicos que requerían ajustes.

“El proceso natural de revisión de especificación técnica no es inmediato. Si bien el monto involucrado, que rondaba los 20.000 millones de guaraníes, no era menor. El objetivo del MITIC es asegurar que las adquisiciones respondan a una necesidad real y sean eficientes en el uso de los recursos”, explicó el viceministro en entrevista con Universo/Nación Media.

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Además, destacó que el MITIC busca, en todos los casos, que las especificaciones cumplan con los estándares y políticas que rigen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Estado.

Así también, abordó el tema de los plazos, señalando que si bien el IPS presentó la documentación en los últimos días hábiles de 2024, se requirió tiempo para realizar las observaciones pertinentes en enero, cuando ya estaba en vigor la reglamentación de la Ley de Presupuesto 2025.

“Es importante que el proceso de revisión sea exhaustivo para evitar errores que puedan impactar la competencia o la correcta utilización de los recursos públicos”, señaló.

En cuanto a las correcciones solicitadas, el viceministro explicó que, pese a que el proceso de revisión es normal y parte de las buenas prácticas, la optimización de los recursos es clave. En este caso, dijo que se sugirió ajustar los montos y especificaciones para garantizar la mejor oferta posible y un uso más eficiente de los fondos públicos.

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Pistilli también remarcó la importancia de que los organismos del Estado se alineen con las directrices del MITIC en cuanto a las TIC, lo que ayuda a evitar retrasos innecesarios y fomentar una mayor transparencia y competencia en los procesos de licitación.

“Lo que buscamos es que los equipos técnicos de cada institución utilicen los estándares que proporcionan para hacer especificaciones técnicas más claras y ajustadas a las necesidades reales”, destacó.

Asimismo, subrayó que las revisiones y observaciones al IPS forman parte de un proceso rutinario, no solo para esta licitación, sino para todos los organismos del Estado que gestionan compras relacionadas con las TIC.

Finalmente, indicó que este proceso ayuda a lograr un ahorro significativo, como ocurrió en 2024, cuando se alcanzó un ahorro de aproximadamente 20 millones de dólares en compras tecnológicas.

Denis Steven Bareiro Chávez, Carlos Alfredo Bereiro Benítez y Carlos Rubén Yrala Fernández, de Steven Automotores, fueron acusados por estafa y asociación criminal. Mientras que el juez de Paz de Chaco´i, Jorge Adolfo Franco Garelik, fue acusado por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, lo mismo que la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez. En esta carpeta fiscal se contabilizaron 255 personas que fueron perjudicadas por este modus operandi.

En uno de los casos, la señora Natalia Bareiro, en fecha 5 de agosto de 2023, adquirió un vehículo de la playa de autos ubicada en la calle Acceso Sur casi Mangore de Ñemby, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de Gs. 1.694.000, con sistema de rastreo satelital (GPS), siendo el primer vencimiento el 10 de setiembre de 2023, firmando un contrato privado con Bareiro Benítez, en representación de Bareiro Chávez, con certificación de firmas de la escribana Olga Valentina Insaurralde.

Luego, la señora Bareiro se atrasó en el pago de la primera cuota del 10/09/2023 y en fecha 02 de octubre de 2023, llegó hasta su domicilio el oficial de justicia Carlos Yrala, con una orden de secuestro firmado por el juez Franco Garelik y la actuaria judicial Gaona Benítez, cuya orden fue firmada por dicho juez el 14 de setiembre del 2023. Ante dicha situación, la misma entregó su auto y se acercó luego a la playa de venta de autos.

Ya en el lugar, pensado que iba a pagar la cuota atrasada le entregarían su vehículo, pero le solicitaron la entrega de G. 17 millones y ante su negativa, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor de Bareiro Chávez, a lo cual se negó y en un descuido logró tomar una foto del contrato. Ante su negativa a firmar no le entregaron el rodado ni la parte de pago que había entregado, así como tampoco los pagarés suscritos por ella. Este tipo de situaciones se repitieron por decenas, según las investigaciones de la Fiscalía.

El Ministerio Público sostiene que los acusados Bareiro Chávez, Bareiro Benítez e Yrala Fernández daban facilidad para adquirir vehículos, para luego aprovecharse del retraso en el pago de una cuota para dar trámite a expedientes judiciales en un Juzgado de Paz distante para obtener el mandamiento de secuestro y recuperar los rodados y volver a venderlos, haciendo firmar a las víctimas bajo engaño un contrato de compra-venta (dación de pago).

La acusación señala que el juez Franco Garelik y su actuaria Gaona Benítez tenían a su cargo expedientes judiciales en los cuales violaban los derechos de los demandados para favorecer al demandante (Steven Automotores), ya que ni siquiera cumplían con los mínimos requerimientos de enviar dichos expedientes a estadísticas o tasas judiciales.

A través de un comunicado divulgado el día de ayer, el INCAN anunció un corte programado en dicho centro asistencial por parte de la ANDE.

Dicha intervención en el suministro eléctrico, prevista en principio entre las 08:00 y las 15:00 hs, tenía como finalidad efectuar trabajos de mantenimiento en un alimentador de 23.000 voltios.

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Esto hubiese afectado directamente a las áreas de radioterapia, braquiterapia, tomografía, ecografía, mamografía y resonancia magnética, que sufrirían una “interrupción temporal en su atención”.

Finalmente, la Administración Nacional de Electricidad tomó la determinación de suspender este corte programado previsto para hoy, quedando sin efecto el último anuncio.

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La decisión fue tomada con el objetivo de evitar la afectación en los servicios brindados en el INCAN, de modo a no generar complicaciones a los pacientes que acuden allí para seguir sus tratamientos.

Ante el temor de que el generador de respaldo instalado para complementar el sistema de emergencia del INCAN no diera abasto, se optó por postergar el mantenimiento hasta nuevo aviso.