La fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, presentó acusación en contra de Camila Aracelli Rodríguez Godoy (26) por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos y sabotaje de sistemas informáticos. Así también solicitó al Juzgado que eleve la causa a juicio oral y público.

La acusada se desempeñaba como asesora comercial por contrato de corretaje de una empresa que operaba con una telefonía celular para la activación de chips y líneas de teléfonos.

El hecho inició a raíz de la denegación del servicio del SIM de un Iphone modelo 14, el cual estaba activado por la empresa TELECEL S.A.E. a una línea telefónica, que la acusada procedió a cambiar a otra tarjeta SIM. De esta forma se realizaron 35 operaciones no reconocidas por la misma a diferentes entidades por un valor de G. 22.212.307.

En fecha 8 de mayo del 2023 procedió a deshabilitar una línea telefónica en virtud a las postesdades que le atribuyeron su usuario de código humano para utilizar el sistema informático denominado “Mi Tienda APP” y procedió a dar de alta a la línea telefónica en otra tarjeta SIM.

Posteriormente la víctima del caso, a quién se le había deshabilitado la línea telefónica, se percató que personas desconocidas y no autorizadas por ella, ingresaron a su cuenta de red social Facebook con su perfil, cuya cuenta se encontraba vinculada a la línea telefónica.

Las personas que accedieron a la cuenta referida cerraron la sesión de todos los dispositivos, ya que dichas personas utilizaron la línea telefónica y cambiaron además la contraseña del correo electrónico de la afectada.

También la víctima tenía vinculada la línea telefónica con sus datos a cuentas bancarias de las cuales las personas que utilizaron su línea intentaron ingresar sin éxito a la cuenta de uno de los bancos, pero sí lograron ingresar a la banca electrónica de la caja de ahorro de una cooperativa entre el 8 y 9 de mayo de 2023, por lo que resultó víctima de fraude de las operaciones.

Cabe mencionar que la acusada habría desatendido el Protocolo de Atención el cual la obligaba como corredora a cumplir ciertas reglas con el cliente, como la identificación y verificación de cliente como titular y la composición correcta de un legajo (firma digital o física en formularios y captura de documento de identidad).

Es lo que señalo el comisario Cesar Diarte, quien indico que el hombre agredido denunció el despojo. Subrayo que este es empleado jardinero en la sede de la Unión Europea, y que no realizó ningún gesto para provocar la violenta acción de los barrabravas.

“La prioridad es identificar a estas personas, y se los va a identificar para ponerlos luego a disposición del Ministerio Público”, señalo el jefe policial en cubicación con la 730 AM.

Los datos relevados en torno al caso, mencionan que los agresores son integrantes de la “barra organizada” de Olimpia. Y que al momento en que emprendieron a golpes contra el trabajador, se hallaban hostigando a automovilistas y transeúntes a “aportar” a los mismos.

Profesionales abogados señalaron que desde el momento en que la agresión se extendió a la distracción del celular, automáticamente tiene la categoría de robo agravado, una figura con pena carcelaria más severa.

Los investigadores indicaron que se recogieron Imágenes de las cámaras de seguridad, para obtener las fotografías de rostros de los delincuentes.

El violento ataque perpetrado por los “barras”, desató la indignación de la ciudadanía, por la violencia extrema demostrada por el grupo de agresores.

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José Asunción Gavilán, el sindicado de ser el que cometió 11 episodios de abuso sexual, alzo en redes su versión, señalando que no fue el que perpetró el último ataque a una mujer en la capital caaguaceña. En el video aparece con el torso desnudo, mostrando el diario Última Hora de la víspera. Afirma que como se observa en el material, no tiene ninguna herida en el abdomen, tal como dijo la última víctima sobre las heridas que ella le propinó durante el ataque.

El subcomandante de la Policía, comisario Ramón Morales, afirmó al respecto que la versión dada por última víctima, es para la institución el punto de inicio de acciones para esclarecer el hecho, y que además del vídeo, José Gavilán debe presentarse ante la justicia para ser sometido a proceso por los varios casos que cuenta.

Apunto en ese sentido que Gavilán tiene antecedentes por robos y abusos, y que además de las acusaciones por violaciones en serie, el mismo tiene cuentas con la justicia.

“El tiene que presentarse para que sea sometido a la justicia, se entiende que presente su descargo en el video, lo principal es que se someta al proceso”, remarco el subcomandante Morales en comunicación con la 1020 AM.

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Y el tema, según señalan, tiene directa relación con Paraguay, en dónde el control sobre la producción y comercialización (ilegales) del cannabis es cada vez más fuerte y contundente contra los grupos implicados en el ilícito.

El diario Folha de Sao Paulo, sostiene que consumidores de la “macoña” paraguaya expresan descontento y “perjuicio” por la falta cada vez más creciente de la hierba estupefaciente.

De acuerdo al periódico paulista, las restricciones en Paraguay (principal proveedor) determina que la hierba psicotrópica duplique su precio, en el que los “paquetes personales” que costaban 9 reales, meses atrás, ahora salte 19 reales.

Este escenario de la Marihuana en el gigante del Mercosur, tiene su contracara en nuestro país, en dónde la Fuerza de Tarea Conjunta y la Senad, redondean números récord de destrucción de plantaciones de la macoña, por un lado, y el decomiso de grandes cantidades del “yuyo” en transporte con destino a Brasil.

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El cannabis made in Paraguay cuenta con negra fama de ser “de las mejores” del mundo, por contar con las condiciones de terreno y clima óptimos para el desarrollo de las plantas. El negocio, a su vez, proyecta la incursión de poderosas bandas criminales dedicadas al rubro, y que generan consecuencias laterales funestas para la seguridad interna de los países.

El negocio de la marihuana tiene un tratamiento legal similar en Paraguay y Brasil, y en donde tiene el estatus de ilícito. Está situación desato a su vez debates en torno a proyectos de legalización que, en ciclos recurrentes, se instalan en los parlamentos.