El documento fue presentado por el diputado Leonardo Saiz (ANR-San Pedro) y hace mención a las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por las inundaciones en el país vecino.

Cabe mencionar que las lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra provocaron estragos en 463 de los 497 municipios de Rio Grande do Sul, de acuerdo a los datos oficiales.

En ese sentido, más de 2 millones de personas resultaron damnificadas en esa región, de las cuales unas 620.000, aproximadamente, tuvieron que abandonar sus hogares.

“El impacto de las inundaciones en Brasil no tiene precedentes. Lamentamos profundamente las pérdidas humanas y creemos conveniente el envío de apoyo en este momento trágico”, manifestó el parlamentario proyectista.

El proyecto de declaración establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Entidad Binacional Itaipú, adopten todas las medidas conducentes para dar apoyo inmediato, ya sea en el rescate de las personas, como en la asistencia social o el envío de víveres.

Además, se deberá coordinar con la Embajada de la República Federativa del Brasil en Paraguay, todo lo relativo al envío de ayuda y asistencia.

El fiscal de Villa Hayes, Rolando Rivas, pidió la prisión preventiva de dos mujeres que fueron detenidas en el marco de una causa abierta para investigar el supuesto robo de una bebé.

Los padres de la criatura denunciaron que la misma había sido sustraída del Hospital Regional de Villa Hayes, el pasado viernes 8 de mayo.

Alrededor de las 16:50 horas del día siguiente, la niña fue dejada abandonada en el barrio Pañete. En un centro asistencial constataron su buen estado de salud. 

Tras la denuncia, el representante del Ministerio Público abrió la carpeta fiscal y, junto al personal técnico del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, se inició el análisis de las cámaras del circuito cerrado de las viviendas y comercios del barrio.

Las imágenes fueron fundamentales para la localización de la mujer que fue observada dejando a la niña, donde posteriormente fue hallada. a y Localización de la Policía Nacional.

El representante del Ministerio Público requirió que el Juzgado penal de Garantías ordene la prisión preventiva de las mujeres imputadas.

Según el comunicado, los consejeros designados por decreto del Poder Ejecutivo N.º 245 del 5 de septiembre de 2023 —Carlos Fernández Valdovinos, Javier Giménez García de Zúñiga, Roberto Moreno Rodríguez y Rubén Darío Ramírez Lezcano— asumieron sus funciones sin percibir remuneración adicional a la correspondiente a sus cargos como ministros en ese momento.

En el caso de Félix Sosa, quien asumió la presidencia de la ANDE y fue designado como consejero de ITAIPU por decreto N.º 247 de la misma fecha, se señala que optó por percibir el honorario correspondiente al cargo de consejero. En ese mismo decreto también fue designado Héctor Richer, quien continúa en funciones.

Respecto a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, designada por decreto N.º 2499 del 10 de septiembre de 2024 en reemplazo de Lea Giménez, se establece que no percibe remuneración adicional por su participación en el Consejo.

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En cuanto a Javier Giménez, se indica que al asumir como jefe de Gabinete de la Presidencia fue nuevamente designado como consejero mediante el decreto N.º 5556 del 25 de febrero de 2026, comenzando a percibir honorarios en ITAIPU y renunciando a sus haberes como ministro.

Por su parte, Carlos Fernández Valdovinos fue nuevamente designado consejero tras dejar el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el decreto N.º 5851 de abril de 2026, percibiendo honorarios como tal desde esa fecha.

La binacional reiteró además que los empleados, directores y consejeros no son considerados funcionarios públicos, ya que sus remuneraciones no provienen del Presupuesto General de la Nación, sino del presupuesto propio de la entidad.

Finalmente, se recordó que el régimen laboral de la hidroeléctrica se rige por un Protocolo de Relaciones de Trabajo y Seguridad Social de carácter binacional, derivado de un tratado internacional y no de normativas locales de la función pública.

La revalidación es el trámite que se cumple con el pago de la tasa anual, que se certifica con la colocación de una calcomanía, quienes no actualicen, serán multados a partir del 1 de junio.

Desde este año, las licencias de conducir se expiden con un Código QR, por lo que ya no se necesita la colocación de la calcomanía.

El director de Tránsito y Transporte, Vicente Cappello, destacó que, con el nuevo formato de registros de conducir, que incorpora el Código QR, se eliminan las casillas donde se pegaban las calcomanías de la revalidación.

Aclaró que se siguen manteniendo ambos formatos hasta el vencimiento de las licencias que todavía tienen suficientes casillas para las correspondientes calcomanías.

“El formato anterior sigue teniendo validez hasta el vencimiento quinquenal, porque el carnet de la licencia de conducir tiene una validez de cinco años”, puntualizó.

No obstante, señaló que, si una persona ya quiere acceder al nuevo formato, sin que todavía haya vencido su licencia anterior, puede solicitar un duplicado, que ya tendrá el Código QR.