La propuesta fue ampliamente debatida por legisladores y otros representantes del sector cívico en un audiencia pública realizada por la Comisión de la Lucha Contra el Narcotráfico en el Congreso.

Pretenden modificar la ley 1340/88 de estupefacientes en Paraguay, en donde se establece el límite legal de portación de marihuana y cocaína.

“Hay varias aristas, es legal hasta 10 gramos de marihuana y estamos evaluando, hay diferentes posiciones algunos quieren liberar, otros hasta 3 plantas, tenemos un serio problema en materia de nuestra infraestructura, es muy deficiente para tratar la adicción”, señaló el diputado Sergio Rojas en conversación con la radio 1020 AM.

Explicó que, según las estadísticas, el 50% de las mujeres privadas de libertad, violaron la ley 1340/88 sobre la portación de drogas y, en su mayoría, recurre a un defensor público para enfrentar ante la justicia. En tanto, los hombres solo ocupan un 10%.

“Una cosa es la marihuana industrial, donde hay empresas que se dedican a eso, otra es la medicinal y otra es la recreativa. Acá lo que estamos evaluando es la marihuana recreativa”, agregó.

A través de su cuenta personal de Twitter, el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, realizó un importante anuncio respecto a la contratación de funcionarios.

Se trata del próximo concurso público a ser convocado en la institución, a fin de permitir que 50 personas ingresen a trabajar como funcionarios.

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Según adelantó Latorre, la citada convocatoria está dirigida a jóvenes de todo el territorio nacional, a fin de darles la oportunidad de formar parte del plantel y “construir juntos el marco legislativo para alcanzar el Paraguay que soñamos”.

Los detalles del proceso de postulación, los requisitos y otros aspectos relativos a cómo participar serán dados a conocer este lunes en una conferencia de prensa prevista para las 09:00 hs.

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“¡Preparate, el mérito es tuyo!”, sentencia la parte final del tweet del titular de la Cámara Baja, instando a los jóvenes a sumarse a este concurso.

Este domingo se reportó un presunto caso de invasión de inmueble en la Colonia Acaraymi y Toryvete de la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Un grupo conformado por aproximadamente 50 personas, entre hombres, mujeres y niños, ingresó a la propiedad perteneciente a la Agroganadera Santa Felicidad.

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Dicho terreno actualmente se encuentra administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), de acuerdo al reporte de medios locales.

Se tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica realizada por el encargado del establecimiento, Luis Alberto Aquino, quien contactó con la Policía para alertar sobre el ingreso de los invasores.

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Los ocupantes del inmueble colocaron una bandera de la Federación Nacional Campesina (FNC) de Toryvete, lo cual hace suponer que pertenecen a dicha agrupación y tendrían respaldo de sus dirigentes.

Las familias alegan haber sido despojadas de este pedazo de tierra por la firma agroganadera y anuncian su permanencia en el lugar hasta obtener respuestas favorables a sus reclamos.

En menos de 24 horas se registraron dos hechos de homicidio con arma de fuego en el departamento de Canindeyú.

Uno de los sicariatos tuvo lugar en la comunidad Sexto Encuadre del municipio de Maracaná, teniendo como víctima a un joven de 23 años identificado como Arsenio Vera Favio.

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Según el reporte de medios locales, el hombre se encontraba participando de una fiesta de San Juan y, al volver a su hogar, fue ejecutado a tiros por un desconocido.

El segundo caso de asesinato se registró también el día de ayer en la Colonia 1° de Marzo de la ciudad de Curuguaty. En este hecho, acabó perdiendo la vida Gustavo Ramón Miranda Rivarola, de 53 años.

El cuerpo de la víctima fue hallado detrás de su vivienda por sus familiares. Posteriormente, se confirmó que había recibido dos disparos de arma de fuego que provocaron su deceso.

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De un tiempo a esta parte, Canindeyú se convirtió en una de las regiones más inseguras de nuestro país, con constantes episodios de sicariato, lo cual ocurre en coincidencia con el azote de bandas criminales y narcotraficantes.

A raíz de ello, recientemente se dispuso la instalación de una base de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), lo cual incluyó el envío de un importante contingente de efectivos militares y vehículos blindados.