Por La Nación.

Lanzaban ardorosos discursos por la causa de los jóvenes libera­les procesados por la quema del Congreso Nacional, pero al mismo tiempo se embol­saban millonarias sumas de las arcas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Los abogados que finalmente se convirtieron en candida­tos Guillermo Duarte Caca­velos y Kattya González “no perdonaron” con la factura­ción.

La candidata a diputada por el Partido Encuentro Nacio­nal (PEN), Kattya González, ejerció la defensa del chofer de Efraín Alegre, Luis Osvaldo Sánchez, y de otros imputados por la supuesta fabricación ile­gal de bombas caseras (incen­diarias) en el local del PLRA, con las que se habría incendiado el Congreso Nacional el pasado 31 de marzo del 2017 (31M).

El 3 de julio del año pasado, Kat­tya González le facturó al PLRA más de G. 27 millones y medio de guaraníes (casi US$ 5 mil), en concepto de “honorarios profe­sionales por trabajos realiza­dos en la causa: Luis Osvaldo Sánchez y otros s/violación a la Ley 4036/10. Nº 645/17”, según reseña su factura 301, con regis­tro Único de Contribuyentes (RUC) 2470190-4.

Posteriormente, en junio del 2017, tras la fuga a Uru­guay de los imputados Luis Osvaldo Sán­chez, Brian Este­ban Martínez, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Rubén Moisés Galeano y Luis Alberto Cáceres, la candidata del PEN viajó hasta ese país, con todos los gastos pagos y tratamiento VIP, junto con el can­didato a presidente de la República por la alianza Ganar, Efraín Ale­g r e , para continuar con la asisten­cia jurídica a los fugitivos.

Con fondos del PLRA también se financiaron los ostentosos gastos en Uruguay, como pasa­jes aéreos, alojamiento VIP, alimentación gourmet, entre otros gastos de manutención incurridos por la delegación de dirigentes liberales y la jurista, que fueron hasta ese país para asistir a los prófugos de la jus­ticia paraguaya.

CANDIDATO ESTRELLA Y PARTNER DE FERNÁNDEZ LIPPMANN

Otro beneficiado con los fondos del PLRA es el ex candidato al Senado por el Partido Demo­crático Progresista (PDP), abo­gado Guillermo Duarte Caca­velos. El letrado es defensor en casos personales de Efraín Alegre y en la querella adhe­siva de la causa contra el sub­oficial Gustavo Florentín, por supuesto homicidio doloso.

Duarte Cacavelos también le facturó “patrióticamente” al PLRA la friolera de US$ 60.500 (un poco más de G. 335 millo­nes), por las tres causas que atiende el ex candidato de la senadora Desirée Masi.

El PLRA desembolsó US$ 27.500 (másdeG. 152millones) a favor del ex candidato del PDP, en la causa donde Efraín Alegre enfren­tará juicio oral y público, por la supuesta difamación y calumnia contra el abogado Marcos Aure­lio Estigarribia Irala, a quien dijo en una rueda de prensa “abogado narco” y “abogado procesado por estafa”. El querellante reclama a Alegre una compensación por G. 150 millones, que se teme tam­bién podría salir de las arcas del partido liberal.

El ex candidato del PDP, también cobró otros US$ 22 mil (casi G. 122 millones), por la ampliación de la denuncia penal del asesinato de Rodrigo Quintana, en la que incluyeron el supuesto intento de homicidio contra el titular del PLRA, Efraín Alegre, y los dipu­tadosAmadoFlorentín, Eusebio Alvarenga y Olimpio Rojas.

Duarte Cacavelos además le facturó al Partido Libe­ral otros US$ 11 mil (casi G. 61 millones) en concepto de honorarios profesionales por asumir la querella adhesiva en la causa contra Gustavo Florentín, sobre homicidio doloso y otros delitos.

La mayor fuente de financia­miento político que perciben los partidos políticos en Para­guay proviene de los montos de subsidio electoral y aportes anuales, que otorga el Estado. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en dos años recibió de las arcas públicas casi G. 29.192 millones (casi 5.3 millones de dólares).

Según fuentes públicas, el PLRA en el 2016 recibió del fisco por aporte y subsidio estatal a los partidos políti­cos más de G. 12.313 millo­nes. En tanto que en el 2017 percibió dos pagos, uno por el monto de casi G. 6.000 millo­nes y otro por más de 11.000 millones.

Se cree que al menos el 50% de los casi 5.3 millones de dóla­res ya fueron utilizados, en su mayor parte para trabajos rea­lizados en causas particulares del candidato a la Presidencia de la República por la alianza Ganar, Efraín Alegre, así como en la adquisición de bienes y contratación de servicios no previstos en la Ley 4743/12, que regula el financiamiento político.

El senador liberal Fer­nando Silva Facetti pre­sentó en diciembre del año pasado una denun­cia penal ante el Ministe­rio Público por “lesión de confianza”, en contra del candidato a la Presiden­cia de la República por la alianza Ganar, Efraín Ale­gre, por el presunto mal uso de los recursos entregados por el Estado a esa agrupa­ción política en concepto de aportes y subsidios.

La supuesta “tragada” invo­lucra directamente a Efraín Alegre y al tesorero del PLRA, Salyn Buzarquis, en caso de comprobarse el ilí­cito se exponen a diez años de prisión. La demanda penal tiene el patrocinio de la ex fiscala y dirigente de esa agrupación política, Basilisa Vázquez Román.

SECRETISMO CON MANEJO DE FONDOS

El documento presentado el pasado 14 de diciembre del 2017 a la Fiscalía señala que “conforme la relación de hechos, estaríamos ante la probable comisión del delito de lesión de con­fianza, en grado especial, que tiene una expectativa de pena de 10 años. El per­juicio patrimonial es de suma gravedad por cuanto se trata de fondos públicos”.

En su escrito, Facetti explica que “en varias opor­tunidades se ha requerido tanto verbal como por nota la rendición de cuentas de los recursos partidarios, principalmente lo referido al aporte y subsidio estatal (pero que) en ninguna opor­tunidad hemos recibido res­puesta alguna y, por el con­trario, el manejo financiero del PLRA desde la presiden­cia del Sr. Efraín Alegre se ha caracterizado por el más absoluto secretismo”.

En el documento también se detalla cronológica­mente los supuestos hechos irregulares cometidos por Alegre y Buzarquis como la contratación de aboga­dos para “causas particu­lares” y afirma que “estos gastos no están autoriza­dos en la Ley de Financia­miento Político”.

Le recuerdan a la Fisca­lía sobre la vigencia del artículo 192 del Código Penal, referido a la “lesión de confianza” y cita el inciso 2° que habla de que “en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumen­tada hasta diez años”.

En 16 sedes a nivel nacional se desarrollarán los exámenes de evaluación a los más de 17.800 jóvenes de todo el país que buscarán un cupo para cursas sus carreras universitarias o tecnicaturas.

Instan a los postulantes a prever todos los detalles, informarse sobre las sedes, aulas y horarios para evitar contratiempos en la jornada evaluativa. En este sentido, solicitan que acudan dos horas antes del inicio del examen a la sede que les corresponde, munidos de la cédula de identidad civil.

La evaluación tendrá una duración de 120 minutos y se efectuará en dos turnos (mañana y tarde). Para el turno matutino, los chicos deben presentarse a las 7:00; el examen iniciará a las 9:00 y concluirá a las 11:00. En el turno vespertino, los jóvenes deben acudir a las 13:00; el examen comenzará a las 15:00 y finalizará a las 17:00.

Cabe recordar que solo se permitirá el ingreso a los salones con las calculadoras autorizadas y botellas de agua. Están prohibidos otros artículos o útiles, ya que todo lo necesario para rendir será entregado por los coordinadores de cada local.

Equipos de coordinadores y colaboradores de la comitiva de Becas del Gobierno ya están instalados en las ciudades sedes del interior del país, a fin de efectuar los últimos ajustes y verificar todos los detalles para la prueba de competencias básicas.

Los agentes fiscales Leonardi Guerrero, Jorge Arce y Belinda Bobadilla remitieron un pedido al ente de control como parte de la investigación al esquema montado para utilizar resortes para blindar estafas masivas que tiene a muchos jueces implicados.

En ese sentido, la diligencia se centra en la declaración jurada y análisis de correspondencia de funcionarios y jueces; así como el informe de auditoría al Consejo de Superintendencia, con relación a los Juzgados de Paz de La Catedral, San Roque y La Encarnación.

La fiscalía adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la Dra. Soledad Machuca, designó a los referidos agentes fiscales para llevar adelante las investigaciones, tras la masiva denuncia de las víctimas del supuesto esquema delictivo con los pagarés.

Muchas personas fueron víctimas del esquema, la mayoría cometidas en compras de vehículos, electrodomésticos, muebles, entre otros.

Se estima en alrededor de 500 personas fueron perjudicadas por la agrupación delincuencial.

La Corte Suprema de Justicia había ordenado la investigación de 9 jueces (además de ujieres y otros funcionarios), tras ventilarse el esquema operativo utilizado por la conocida como la mafia de los pagarés.

El Viceministerio de Transporte puso en marcha un plan piloto los usuarios planificar sus viajes de manera más eficiente, gracias a la disponibilidad de datos detallados sobre rutas, horarios y paradas del sistema de transporte público metropolitano en el Google Maps.

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Los datos del servicio permitirán que las herramientas de planificación de viajes ofrezcan opciones a los usuarios, de acuerdo con sus preferencias.

Aunque actualmente los datos mostrados son preliminares y se encuentran en la fase piloto de pruebas, el Viceministerio de Transporte está trabajando activamente con Google Maps en ciclos de mejora continua y en la actualización constante de la información.

Este formato, utilizado globalmente, permite estructurar información como horarios, rutas y paradas, haciéndola compatible con plataformas como Google Maps.

La sistematización de los datos consiste en digitalizar las rutas de los servicios de transporte público metropolitano y extraer los datos operativos a partir de las validaciones, reflejando así el comportamiento observado, lo que permite un ajuste más preciso a la operativa real.