31M: abogados Duarte Cacavelos y Kattya González pasan facturación “patriótica”
Guillermo Duarte Cacavelos y Kattya González "no perdonaron" y se convirtieron en candidatos; con fondos del PLRA también se financiaron los ostentosos gastos de dirigentes y juristas en Uruguay para la "asistencia" a jóvenes incendiarios del Congreso Nacional.
Por La Nación.
Lanzaban ardorosos discursos por la causa de los jóvenes liberales procesados por la quema del Congreso Nacional, pero al mismo tiempo se embolsaban millonarias sumas de las arcas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Los abogados que finalmente se convirtieron en candidatos Guillermo Duarte Cacavelos y Kattya González “no perdonaron” con la facturación.
La candidata a diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, ejerció la defensa del chofer de Efraín Alegre, Luis Osvaldo Sánchez, y de otros imputados por la supuesta fabricación ilegal de bombas caseras (incendiarias) en el local del PLRA, con las que se habría incendiado el Congreso Nacional el pasado 31 de marzo del 2017 (31M).
El 3 de julio del año pasado, Kattya González le facturó al PLRA más de G. 27 millones y medio de guaraníes (casi US$ 5 mil), en concepto de “honorarios profesionales por trabajos realizados en la causa: Luis Osvaldo Sánchez y otros s/violación a la Ley 4036/10. Nº 645/17”, según reseña su factura 301, con registro Único de Contribuyentes (RUC) 2470190-4.
Posteriormente, en junio del 2017, tras la fuga a Uruguay de los imputados Luis Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez, Osvaldo Daniel Aquino Notario, Rubén Moisés Galeano y Luis Alberto Cáceres, la candidata del PEN viajó hasta ese país, con todos los gastos pagos y tratamiento VIP, junto con el candidato a presidente de la República por la alianza Ganar, Efraín Aleg r e , para continuar con la asistencia jurídica a los fugitivos.
Con fondos del PLRA también se financiaron los ostentosos gastos en Uruguay, como pasajes aéreos, alojamiento VIP, alimentación gourmet, entre otros gastos de manutención incurridos por la delegación de dirigentes liberales y la jurista, que fueron hasta ese país para asistir a los prófugos de la justicia paraguaya.
CANDIDATO ESTRELLA Y PARTNER DE FERNÁNDEZ LIPPMANN
Otro beneficiado con los fondos del PLRA es el ex candidato al Senado por el Partido Democrático Progresista (PDP), abogado Guillermo Duarte Cacavelos. El letrado es defensor en casos personales de Efraín Alegre y en la querella adhesiva de la causa contra el suboficial Gustavo Florentín, por supuesto homicidio doloso.
Duarte Cacavelos también le facturó “patrióticamente” al PLRA la friolera de US$ 60.500 (un poco más de G. 335 millones), por las tres causas que atiende el ex candidato de la senadora Desirée Masi.
El PLRA desembolsó US$ 27.500 (másdeG. 152millones) a favor del ex candidato del PDP, en la causa donde Efraín Alegre enfrentará juicio oral y público, por la supuesta difamación y calumnia contra el abogado Marcos Aurelio Estigarribia Irala, a quien dijo en una rueda de prensa “abogado narco” y “abogado procesado por estafa”. El querellante reclama a Alegre una compensación por G. 150 millones, que se teme también podría salir de las arcas del partido liberal.
El ex candidato del PDP, también cobró otros US$ 22 mil (casi G. 122 millones), por la ampliación de la denuncia penal del asesinato de Rodrigo Quintana, en la que incluyeron el supuesto intento de homicidio contra el titular del PLRA, Efraín Alegre, y los diputadosAmadoFlorentín, Eusebio Alvarenga y Olimpio Rojas.
Duarte Cacavelos además le facturó al Partido Liberal otros US$ 11 mil (casi G. 61 millones) en concepto de honorarios profesionales por asumir la querella adhesiva en la causa contra Gustavo Florentín, sobre homicidio doloso y otros delitos.
La mayor fuente de financiamiento político que perciben los partidos políticos en Paraguay proviene de los montos de subsidio electoral y aportes anuales, que otorga el Estado. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en dos años recibió de las arcas públicas casi G. 29.192 millones (casi 5.3 millones de dólares).
Según fuentes públicas, el PLRA en el 2016 recibió del fisco por aporte y subsidio estatal a los partidos políticos más de G. 12.313 millones. En tanto que en el 2017 percibió dos pagos, uno por el monto de casi G. 6.000 millones y otro por más de 11.000 millones.
Se cree que al menos el 50% de los casi 5.3 millones de dólares ya fueron utilizados, en su mayor parte para trabajos realizados en causas particulares del candidato a la Presidencia de la República por la alianza Ganar, Efraín Alegre, así como en la adquisición de bienes y contratación de servicios no previstos en la Ley 4743/12, que regula el financiamiento político.
El senador liberal Fernando Silva Facetti presentó en diciembre del año pasado una denuncia penal ante el Ministerio Público por “lesión de confianza”, en contra del candidato a la Presidencia de la República por la alianza Ganar, Efraín Alegre, por el presunto mal uso de los recursos entregados por el Estado a esa agrupación política en concepto de aportes y subsidios.
La supuesta “tragada” involucra directamente a Efraín Alegre y al tesorero del PLRA, Salyn Buzarquis, en caso de comprobarse el ilícito se exponen a diez años de prisión. La demanda penal tiene el patrocinio de la ex fiscala y dirigente de esa agrupación política, Basilisa Vázquez Román.
SECRETISMO CON MANEJO DE FONDOS
El documento presentado el pasado 14 de diciembre del 2017 a la Fiscalía señala que “conforme la relación de hechos, estaríamos ante la probable comisión del delito de lesión de confianza, en grado especial, que tiene una expectativa de pena de 10 años. El perjuicio patrimonial es de suma gravedad por cuanto se trata de fondos públicos”.
En su escrito, Facetti explica que “en varias oportunidades se ha requerido tanto verbal como por nota la rendición de cuentas de los recursos partidarios, principalmente lo referido al aporte y subsidio estatal (pero que) en ninguna oportunidad hemos recibido respuesta alguna y, por el contrario, el manejo financiero del PLRA desde la presidencia del Sr. Efraín Alegre se ha caracterizado por el más absoluto secretismo”.
En el documento también se detalla cronológicamente los supuestos hechos irregulares cometidos por Alegre y Buzarquis como la contratación de abogados para “causas particulares” y afirma que “estos gastos no están autorizados en la Ley de Financiamiento Político”.
Le recuerdan a la Fiscalía sobre la vigencia del artículo 192 del Código Penal, referido a la “lesión de confianza” y cita el inciso 2° que habla de que “en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años”.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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