El director del empleo, Enrique López Arce, confirmó a HOY Digital que cerca de 800 personas acudieron este viernes al Centro de Empleo UNA, para participar de la feria que anunciaba unos 100 puestos de trabajo por parte de siete empresas.

Además de la diferencia entre la cantidad de interesados y los lugares disponibles, el problema radicaba en que en muchos casos no eran los interesados los que acudían a la feria, sino un representante, padres, madres, tíos y hermanos con las carpetas en mano.

“Eso tiene que ver un poco con el preconcepto de que por el CV ya se tiene el empleo”, comentó López Arce en entrevista con nuestro diario.

Sobre este punto detalló que el currículum se elabora en el acto, mediante una entrevista personal, en la que el aspirante no solo informa sobre sus estudios realizados, sino también de sus habilidades, aptitudes y cualidades, que permiten direccionarlo hacia un determinado cargo, por lo que es imposible que otra persona responda por él.

López Arce reveló un dato muy importante para los que acuden a estas ferias: si no son llamados en un plazo de cinco días, significa que no obtuvieron ningún puesto. No obstante, la consigna es nunca quedarse esperando.

A finales de agosto se prevén otras ferias de empleo cuyos detalles serán anunciados con anticipación.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de la DGEEC (2018-2019), en el segundo semestre del año alrededor de 148.000 paraguayos se sumaron a la lista de desempleados y subempleados, llegando a cerca de 528.000 personas a nivel país.

Como parte de la investigación de un supuesto hecho de transgresión de la Ley 716/96 que sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente, una comitiva policial – fiscal allanó un recinto privado en el barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa.

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Del lugar se incautaron 2500 litros aproximadamente de carburantes, 129 precintos de seguridad, 4 motobombas de distintas marcas, varios bidones de plásticos y metales, un rollo de cabo de acero, documentos varios y otros objetos.

Según los intervinientes, el procedimiento causa una pérdida estimativa de 70 millones de guaraníes a los propietarios de la carga.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Especializado Contra Hechos Punibles Económicos conjuntamente con funcionarios del Ministerio Público, Dnit (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) y el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social).

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Lluvias con acumulados de entre 70 y 11 mm, ráfagas superiores a los 100 K/h, tormentas con alta frecuencia sobre el área y probabilidad de granizos en forma puntual se anuncian para gran parte del país.

Las áreas y los horarios son los siguientes:

Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí: desde la mañana y hasta la tarde del miércoles 08.

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Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes: desde la tarde del miércoles 08 y hasta la mañana del jueves 09.

Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro: desde la tarde del miércoles 08 y hasta la tarde del jueves 09

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.