Víctor Barrios Rey, ya esperaba con el motor en marcha al vicepresidente Argaña en el patio de su casa ubicada en el barrio de las Carmelitas de Asunción, el mandatario subió el móvil acompañado del suboficial de policía Francisco Barrios González y partieron rumbo a la sede de la vicepresidencia ubicada en el centro de Asunción.

Tomaron el mismo camino de todos los días, cruzaron frente al Banco Central, luego enfilaron hacía la avenida Sacramento y subieron hacía Diagonal Molas, todo para evitar el tránsito de la mañana, pero los sicarios tenían bien estudiado ese recorrido y se apostaron a pocos metros antes que el vehículo de Argaña cruce la calle Venezuel. Barrios Rey bajó la velocidad para poder pasar una lomada y ahí se les cruzó en frente un Fiat, Tempra del que bajaron dos hombres vestidos de parai, con armas largas y granadas de mano.

Uno de los sicarios abrió fuego contra el chofer, quien herido reaccionó y metió marcha atrás para tratar de huir, pero chocó contra una muralla, en ese momento el otro pistolero mató al suboficial Barrios González y también dejó mal herido a Luis María Argaña.

Barrio Rey totalmente ensangrentado y herido pidió ayuda a un vecino, en cuestión de minutos llegó la policía y el Dr. Argaña fue llevado de urgencia hasta el Hospital Americano sobre España casi Perú, pero poco después se confirmó su deceso. Ese magnicidio era solo el inicio de una crisis que llevaría al país a transitar por años oscuros en materia política.

La policía identificó al vendedor del Fiat Tempra, Héctor Rudi Monges, quien dijo que fue Constantino Rodas, el comprador, esté a su vez le entregó el móvil a Pablo Vera Esteche, Luis Rojas Fidencio Vega y el mayor Reinaldo Servín, quien era un conocido dirigente oviedista, que a su vez tenía nexos con Víctor Galeano Perrone, líder del UNACE y muy cercano a Lino Oviedo. Ahí ya apareció la sospecha de que Oviedo estaba involucrado en el hecho y se lo sindicó como autor moral.

Mientras la investigación del magnicidio estaba muy incipiente una semana después del hecho una gran movilización ciudadana copó las plazas ubicadas frente al Congreso pidiendo justicia para Argaña, pero el hecho se desbordó la policía y francotiradores apostados en un edificio ubicado en 14 de Mayo y El Paraguayo Independiente, abrieron fuego contra los manifestantes matando a Cristóbal Espínola, Henry Díaz Bernal, José Miguel Zarza, Víctor Hugo Molas, Manfred Stark, Armando Espinoza y Tomás Rojas.

Esas jornadas de protesta fueron conocidas como el marzo paraguayo y desencadenaron el pedido de juicio político del presidente Raúl Cubas, pero el mandatario presentó su renuncia al cargo antes de ser convocado por el Congreso. Asumió en su reemplazo el presidente de la Cámara de Senadores Luis Ángel González Macchi.

La crisis política desatada con la muerte de Argaña se trasladó al plano judicial donde con chicanas y otros recursos todo el caso quedó trabado en relación a Lino César Oviedo, quien ya había huido del país.

Para los que sí corrió el proceso fue para Constantino Rodas, Luis Rojas, condenados a 25 años de cárcel, Pablo Vera Esteche condenado a 22 años de cárcel, mientras que Galeano Perrone y Vega, se mantuvieron prófugos por muchos años.

El sindicado como autor moral del magnicidio Lino Oviedo fue detenido en el Brasil en el 2000, pero fue aceptado como refugiado y no lo entregaron a la justicia paraguaya. Recién en el 2004 Oviedo se entregó a la justicia y decidió someterse al proceso por la muerte de Argaña y por el marzo paraguayo.

La justicia paraguaya movida por los hilos políticos en el 2007 le otorgó a Oviedo dos hábeas corpus, uno por cada proceso que tenía y quedó en libertad. Al mismo tiempo la Corte anuló la condena de 10 años de 1996 que se le había impuesto al general por sedición y lo dejó en libertad para que pueda volver a candidatearse a presidente de la República en las elecciones de 2008. Oviedo alineó como velas a la justicia para limpiar todos sus procesos y siguió operando en política hasta su muerte en 2013.

Hoy a 23 años del magnicidio del Dr. Luis María Argaña, el hecho solo fue resuelto en parte y los autores materiales condenados, pero nunca se llegó al autor moral y muchos otros puntos oscuros que nunca más ser revelados.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.