Con 15 disparos, el 31 de mayo del 2013 miembros del EPP acabaron con la vida del exintendente de Tacuatí, Luis Lindstron, quien fue interceptado por los criminales a tempranas horas, cuando regresaba de conversar con los peones de la estancia Paso Itá.

Cerca de las 09:00 horas el ganadero perdió la vida, luego de que los epepistas realizaron disparos en contra la camioneta donde se trasladaba, causando un accidente.

Lindstron, quien vivía bajo las amenazas del grupo criminal, sufrió varias heridas cuando su camioneta impactó contra un árbol tras perder el control en medio de la balacera. Aun así luchó por salir del vehículo y trató de huir del lugar, pero los malvivientes acabaron con su vida con 15 balazos.

La policía llegó al lugar mediante el llamado de los vecinos, y mediante disparos intimatorios efectuados en dirección a los matorrales donde se escondían los criminales, lograron espantar a los epepistas.

Tras un rastrillaje en la zona del atentado, los agentes arrestaron a Alcides Godoy Romero (22), quien tenía en su poder uniformes militares, armas y proyectiles así como dos celulares robados.

Según la hipótesis de los fiscales, los epepistas asesinaron a Lindstron en represalia por la detención de Froilán Escurra Cardozo de 31 años, presunto miembro del EPP que habría asesinado al tractorista Santiago Morel, quien trabajaba para Lindstron.

Froilán Escurra Cardozo fue detenido unos meses antes del ataque donde acabaron con la vida de Lindstron.

SECUESTRO DE 40 DÍAS

El ganadero fue secuestrado por el EPP en la tarde del jueves 31 de julio de 2008. Los criminales habían tomado su estancia a la fuerza, inmovilizando a los peones, por lo que los epepistas encañonaron a Lindstron conduciéndolo hasta un bosque sin que nadie pudiera evitarlo.

El exintendente permaneció cautivo más de 40 días y pagó la suma de 400 mil dólares para recuperar su libertad el 12 de setiembre del mismo año; sin embargo, tras su liberación continuaron las extorsiones y amenazas en contra de él y su familia.

En el documento, firmado por Emiliano Rolón Fernández, se insta a autoridades a “respetar el debido proceso” de las investigaciones y evitar la filtración de informaciones. 

Para el abogado Ricardo Preda, esta medida no buscaría amordazar a los agentes fiscales, aunque resaltó que el fiscal general debería hacer una aclaración sobre su disposición.

Según su interpretación, el agente fiscal -en su relación con la prensa- no puede presentar al imputado como culpable, pero sí puede señalar objetivamente cuáles son las decisiones que toma con relación a una investigación. 

En entrevista con radio Ñanduti, el especialista expresó que un agente fiscal no puede dar detalles de la investigación, como por ejemplo que va a realizar algún allanamiento. “La prensa puede hacer uso de otras herramientas para buscar la información. Esta disposición aplica solamente a quienes están bajo la potestad disciplinaria del fiscal general”,  comentó.

Sin embargo, otros especialistas cuestionaron el tenor de la circular. “Así cómo fue presentada esta circular, hay como una suerte de orden de no hablar con la prensa. Lo que va a ocurrir es que se manejen las causas con total discreción. La corrupción tiene tierra fértil cuando hay secretismo”, mencionó el abogado Ezequiel Santagada.

A su vez, la abogada Alejandra Peralta Merlo indicó que “es un retroceso gigantesco a todo este proceso de transparencia. Es sumamente grave que en este país está haciendo metástasis por todos lados con la corrupción”.

Mediante la circular N.º 7, el fiscal general Emiliano Rolón insta a los funcionarios del Ministerio Público a que “observen las reglas del debido proceso instalado en la Constitución Nacional y en el sistema de ritual penal”.

En su inciso a establece que “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”.

El inciso b habla del carácter de las actuaciones y recuerda que “la etapa preparatoria no será pública para lo terceros...”. 

En el inciso c refiere que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimientos de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”.

Y en el inciso d recuerda que el incumplimiento de la obligación será considerad falta grave. 

Muy pronto, estos hogares albergarán a más familias, quienes podrán mejorar su calidad de vida gracias a las obras de mejoramiento integral llevadas adelante por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El recorrido tuvo lugar tras la entrega de dos viviendas sostenibles para el beneficio de familias residentes del barrio.

Las obras supervisadas corresponden a la edificación de 14 viviendas de las 60 que está construyendo el MUVH como parte del Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta, que es financiado con USD 14 millones, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Cabe mencionar que, a la fecha, ya fueron entregadas 18 de hogares a pobladores de la zona.

Este proyecto contempla la construcción y entrega de 60 viviendas sostenibles en la zona de los cauces México y Antequera, además de obras de infraestructura para el mejoramiento del entorno, como contención de cauces, conexión de servicios públicos e inicio de la formalización de propiedad de terrenos.

El IPS compartió cifras que revelan el porqué miles de paraguayos se ausentaron en el trabajo en lo que va de este 2025.

De las 135 mil solicitudes, las principales razones fueron pro cuadros respiratorios, dengue y gastroenteritis.

Este volumen de ausencia, además de evidenciar la incidencias de dolencias estacionales, significa un golpe para la economía del IPS.

Según refieren, se desembolsaron en concepto de subsidio por reposo 29 mil millones de guaraníes solo este año. Para la previsional, un desafío económico para la institución.

Instan en la prevención para reducir riesgos de enfermedades, principalmente, insisten en las campañas de vacunación y en las buenas prácticas de higiene.