En la jornada de hoy, los ministros del Poder Ejecutivo comparecieron ante la Cámara de Senadores para presentar sus informes sobre los gastos realizados en el marco de la Ley de Emergencia declarada por el COVID-19.

Algunos de los secretarios de Estado que participaron de la reunión a través de plataforma virtual fueron Benigno López, ministro de Hacienda; Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública; Julio Villordo, presidente de la ANDE; José Maciel, titular de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD); Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN); Federico González, ministro asesor de asuntos internacionales de la Presidencia; Andrés Gubetich, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS).

En entrevista con ABC Cardinal, el senador Víctor Ríos hizo un resumen sobre lo tratado durante esta sesión extraordinaria y manifestó que, si bien fue un informe de gestión, les hubiera gustado aprovechar para discutir sobre políticas de Estado, lo cual deberían hacerlo con presencia del presidente Mario Abdo Benítez, quien declinó la invitación.

Al consultarle sobre la cuestión de los recursos para hacer frente a la pandemia, expresó: “A este ritmo, al país no le queda otra alternativa que seguir endeudándose, lo dijo claramente el ministro de Hacienda”.

Respecto al mismo punto, el parlamentario liberal indicó que el plan de recuperación va a existir solamente con un mayor endeudamiento del Estado paraguayo, lo cual considera como “muy preocupante”.

En la ocasión, hizo énfasis en la delicada situación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que son las que sostienen al empleo paraguayo y hoy día no logran acceder a créditos para mantenerse a pie.

A criterio de Ríos, se deben hacer cambios sustanciales luego de superar esta etapa, como por ejemplo renegociar los vencimientos de la deuda externa del país.

El senador también indicó que no es un tiempo propicio para una interpelación al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, considerando el contexto en el que nos encontramos por la pandemia, pero que si fueran otras las circunstancias es probable que ya lo hubieran hecho, atendiendo a las múltiples irregularidades en los procesos licitatorios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.