En un país donde dia­riamente se denun­cian diversos hechos de corrupción, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), institución encar­gada de liderar y articular acciones interinstitucio­nales para la detección de actos ilícitos en la adminis­tración pública, brilla por su ausencia a la hora de inves­tigar casos emblemáticos que sacudieron al Estado y siguen afectando la ciuda­danía en general.

El triste desempeño de la Senac volvió al debate en los últimos días ya que es una de las instituciones con fuertes posibilidades de ser elimina­das por el gobierno entrante a causa de su falta de resul­tados en la lucha contra la corrupción.

Hay que recordar que hace un año, nuestro medio daba a conocer que en 3 años y medio de gestión de la Senac, administrada en ese entonces por René Fernández, recibió 5.305 denuncias de supues­tos hechos de corrupción de las que investigaron 2.995 y solo detectaron 18 casos con indicios de hechos punibles que remitieron al Ministerio Público, mientras que diaria­mente se denuncian una infi­nidad de presuntos hechos ilí­citos cometidos en la función pública a través de medios de prensa y redes sociales.

En su momento la directora de Análisis y Seguimiento de Casos de la Senac, María Liz García, había mencionado a Nación Media que una vez recibidos los reclamos, estos son asignados a las unidades de Transparencia de cada ins­titución, y desde ese momento tanto la investigación como el dictamen quedan en manos de estas oficinas, es decir, que remiten las denuncias a las mismas instituciones acusa­das para que se autoinvesti­guen como pasó, por ejemplo, en el sonado caso de la licitación del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones, en el que se preveía desembolsar USD 12 millones para la construcción de paradas de buses “de oro” en plena campaña electoral que derivaron los cuestionamien­tos a esta misma cartera.

Esta metodología se traduce en una enorme cantidad de denuncias de corrupciónque fueron pasados por alto en la Senac. (Ver infografía).

Sobre la posible eliminación de la Senac, el contralor gene­ral de la República, Camilo Benítez, refirió ayer a Nación Media que no se puede permi­tir que la ciudadanía “tenga la sensación que nosotros quere­mos eliminar órganos de con­trol o que estamos en contra de la política de integridad que debe tener cualquier país”, y refirió que de darse la elimi­nación y que se liberen los G. 3.988 millones asignados a la Secretaría Anticorrupción, esperan un aumento presu­puestario para la Contraloría, ya que “tienen una idea clara de qué es lo que se debe hacer en cuanto a política de trans­parencia”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.