En entrevista con radio Universo y canal Gen, el abogado penalista Ricardo Preda hizo un análisis desde el punto de vista penal del caso de la joven Dexcy Marina Monges (16), quien falleció en un accidente de tránsito en Santa Rosa del Aguaray y que tuvo amplia repercusión por el falseamiento que hicieron los intervinientes del acta policial, cambiando toda la escena del hecho para salvar al otro conductor involucrado, identificado como Arnaldo Garcete Estigarribia, de 28 años.

En ese sentido, el letrado primero trajo a colación los datos que se observan en los videos del accidente (que echaron por tierra la versión de los policías): que estaba en el sitio una barrera policial y que un conductor desvía a la misma y cuando va en el carril contrario termina impactando contra la adolescente que iba a bordo de una motocicleta.

“El resultado más grave es el de homicidio culposo, donde el conductor del vehículo realiza una conducta imprudente, porque si ve una barrera policial debe aminorar la marcha y verificar que no haya vehículos en el sentido contrario. Adelantarse sin tomar las precauciones se puede tomar como una conducta negligente”, expuso.

Sobre el acta falsa que elaboraron los policías, el entrevistado estimó que estos uniformados pretendían claramente evitar la persecución penal contra el conductor, porque alegaron que fue la chica quien hizo la imprudencia, cuando en realidad no sucedió así, por lo que esta conducta se configura en el hecho punible de frustración a la persecución penal (encubrimiento) en grado de tentativa. “Las actas policiales son consideradas como documentos públicos, donde el funcionario del Estado debe constatar hechos ciertos, entonces están ante una posibilidad de producción inmediata de documento público de contenido falso”, agregó.

De acuerdo con el entrevistado, los agentes se exponen a cinco años de pena privativa de libertad por su penosa actuación.

Otro punto que se debe analizar es la forma en que colocaron los agentes su barrera, ya que si no tomaron todos los recaudos, esto se configura en una conducta negligente, lo cual no exime de responsabilidad al conductor que ocasionó el accidente, según el experto en leyes.

En otro momento Preda recordó que el registro de conducir se otorga desde los 18 años y si uno va a analizar desde esa perspectiva, los padres que le entregaron el rodado a la menor se exponen a ser investigados, pero aclaró que la pena es muy leve y pueden tener una salida procesal. “Si el fiscal considera este aspecto, claramente es un caso que debe cerrarse por un criterio de oportunidad por prescindencia de la pena, porque el Código Penal dice que cuando uno sufrió daños por una infracción, ya no ameritaría una sanción porque el daño sufrido ya es suficiente y no se justificaría una pena. Para mí ya es suficiente la pérdida de un hijo”, agregó.

El fiscal Jorge Encina ya ordenó la detención de Arnaldo Garcete Estigarribia, de 28 años, conductor del automóvil de la marca Chevrolet, que embistió a la joven Dexcy Marina Monges, de 16 años, quien iba a bordo de una motocicleta y lamentablemente terminó falleciendo. El agente adelantó que lo imputará por homicidio doloso.

Por su parte, el fiscal Néstor Narváez inició otra causa para evaluar el informe falso que redactaron los policías de la Comisaría 18.

MÁS DEL CASO

En la madrugada del 2 de enero, la joven Dexsy Monges (16), quien iba a bordo de su motocicleta, fue violentamente embestida por Arnaldo Garcete Estigarribia (28), quien manejaba un automóvil de la marca Chevrolet. Este hombre resultó ileso y la mujer se llevó la peor parte, quedando gravemente herida. Días después falleció.

El reporte policial de los agentes que intervinieron refiere que el accidente ocurrió a las 3:00 de la madrugada del domingo, que los policías tuvieron conocimiento del suceso mediante una llamada anónima y que fue la víctima quien iba en el carril contrario. Además indica que el otro conductor involucrado iba solo en su rodado y que fue un accidente sin daños graves.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona revelaron que en realidad el hecho ocurrió a la 1:00, que una patrulla ya estaba en el sitio haciendo controles preventivos, por lo que en las narices de los uniformados ocurrió el percance vehicular, que la joven iba correctamente en su carril y que el otro automóvil fue el que realizó una imprudencia, y que este conductor iba acompañado de más personas.

Los uniformados Wilson Prieto, Fernando López y Héctor Estigarribia se exponen a ser dados de baja a raíz de que supuestamente falsearon datos en el informe policial de este grave accidente de tránsito ocurrido en Santa Rosa de Aguaray.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.