Ante publicaciones vertidas en medios de comunicación sobre investigaciones realizadas por el Ministerio Público, la institución aclaró mediante un comunicado que el operativo “A Ultranza”, desarrollado por los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, tiene como base una investigación abierta en el año 2019, la cual requirió del tiempo y del desarrollo de distintas técnicas especiales de investigación, realizadas conjuntamente con organismos de seguridad, por ser una investigación compleja.

Dentro de la investigación se requería individualizar y confirmar la participación de las personas individualizadas, recolección de evidencias vinculadas al Tráfico Internacional de Drogas y Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico, posteriormente la individualización de bienes muebles e inmuebles que derivarían de las actividades ilícitas en dicha investigación, fundamentado en elementos suficientes y contundentes que permitan llegar a la acusación formal y solicitar el juicio oral y público de los miembros de una estructura criminal, donde sería miembro Sebastián Marcet, cuya vinculación con la estructura criminal y su grado de participación se estableció, con el curso de la investigación, en base a las técnicas de investigación y la información obtenida a través de la cooperación internacional.

Este trabajo sólido permitió la detención e imputación de quien sería el autor principal en las actividades del lavado de activos provenientes del Narcotráfico e incluso de un diputado nacional (imputado y con prisión preventiva). Así también se pudo incautar numerosos bienes multimillonarios como: más de 12 aeronaves, helicópteros, embarcaciones, más de un centenar de inmuebles y vehículos de altísimo valor, hoy entregados para su administración y preservación a Senabico y que representan montos históricos en materia de investigación contra el Narcotráfico.

Dicho avance investigativo en la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico permitió la imputación a más de 31 personas y altas autoridades, algunas ya con prisión preventiva y otras con orden de captura internacional. Y se pudo establecer además esquemas de supuesta corrupción en el interior de la Senad, y que habría facilitado la huida de algunos integrantes importantes de la organización criminal, entre ellos Miguel Insfrán, alias Tío Rico. De esta investigación además derivan a la fecha más de 7 denuncias formuladas por la Unidad Especializada de Narcotráfico sobre otros hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios del Estado y que aún se encuentran en curso investigativo .

Se enfatiza que este tipo de investigaciones son sumamente complejas ya que implican el seguimiento y recolección de evidencias que revele conductas en actos criminales e Ilícitos, por lo que también se tuvo colaboración de agencias internacionales como la DEA, Europol y otras agencias de investigación. Además, sentamos nuestra preocupación por la exposición de investigaciones contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, y que ponen en riesgo la vida de los agentes fiscales, a todo el equipo de investigación y de terceros.

Con resultados históricos, la investigación sigue abierta y en curso, aguardando el resultado de las distintas diligencias realizadas y de los mecanismos de Cooperación internacional involucrados.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.