Sin vacunas, sin medicamentos, sin camas disponibles. Finalmente, a un año del primer caso de coronavirus en el país, el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso, con pacientes cada vez más graves, jóvenes sanos que fallecen por causa de la enfermedad y una población harta del encierro y que muestra un relajamiento en cuanto a cuidados que se reflleja en el aumento de contagios.

La estrategia de llevar adelante una “cuarentena adelantada” inclusive sin el total aval de la OMS, sonaba desafiante y esperanzador a principios de marzo de 2020 siendo el objetivo frenar los contagios masivos y permitir que el sistema sanitario sea fortalecido con la ampliación del número de unidades de terapia en varios puntos del país y la dotación de todo lo necesario a los servicios para la atención de los primeros pacientes graves por la enfermedad.

Nada fue suficiente. Las falencias sumaron al igual que los casos. Los trabajadores de salud en la primera línea de atención empezaron a mostrar signos de agotamiento físico y mental con un día a día aún más desgastante por prestar servicio sin los elementos básicos en cuanto a insumos y medicamentos.

Desde octubre pasado el ingreso de pacientes a terapia fueron en aumento tanto que desde entonces no hubo tregua en los hospitales de contingencia y se llegó a la cifra de 1.000 por día y casi 300 en terapia intensiva.

Los problemas en los hospitales públicos siguen siendo los mismos y no se dio un fortalecimiento para contener lo que aún se vendrá porque hay pandemia para rato y el virus circula en todo el país.

¿Y las vacunas?

Se cumplirá un mes del arribo del primer lote de vacunas, fueron 4.000 dosis de la Sputnik V para 2.000 trabajadores de salud de la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 en terapias. El resto de la población también vulnerable, sigue esperando turno sin nueva fecha para la llegada de más dosis.

En la región Paraguay terminó siendo prácticamente el último en contar con suficiente cantidad de vacunas para asegurar un alto porcentaje de inmunización de los grupos prioritarios. Cruzando las fronteras ya van por la segunda dosis y un buen porcentaje de la población inmunizada.

En medio de la incertidumbre en Salud Pública creció la indignación y desesperación de los familiares de pacientes internados ya que todo lo que está en falta en las farmacias internas deben conseguirse “como sea” para no interrumpir los tratamientos.

Los pedidos de colaboración para polladas, milaneseadas, rifas, “vaquitas” y toda actividad para recaudar fondos están a la orden en los grupos de WhatsApp, en las familias, barrios y comunidades enteras que se movilizan ante un sistema precario que no da respuestas.

Los dedos acusadores apuntaron a la gestión del Doctor Julio Mazzoleni ya desde mediados del año pasado primero, por el retraso en la entrega de equipos de bioseguridad para los trabajadores de salud, luego la compra de medicamentos e insumos, las vacunas que nunca llegaban y finalmente el colapso en los hospitales. El titular de la cartera sanitaria renunció al cargo de ministro de Salud colaborando con la ya acentuada inestabilidad en el sistema.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.