El pasado 25 de octubre, el subcomisario Arístides Peralta falleció mientras participaba de un operativo policial en la zona de Fernando de la Mora, luego de frustrar un intento de asalto a una entidad bancaria. De acuerdo a las imágenes del circuito cerrado, su camarada, el comisario Julio Cabañas, efectuó el disparo que finalmente acabó con su vida.

En entrevista con la 650 AM, Lourdes López, viuda del subcomisario fallecido, comentó que ayer se cumplió un mes de aquel trágico incidente que tuvo a su esposo como víctima fatal y cuestionó el hecho de que las investigaciones avanzan a un ritmo muy lento.

Así también, reclamó que hasta el momento haya un solo imputado por este caso -el comisario Cabañas- y sostuvo que los demás integrantes del grupo que participó en el procedimiento (en este caso, el Grupo de Operaciones Especiales – GEO) debería ser imputado por la Fiscalía.

López indicó que “la Policía se rió en la cara de la fiscal” al referirse a la versión brindada en un principio por las autoridades sobre la muerte de su esposo y aseguró que el video del circuito cerrado de televisión comprueba que no fueron los delincuentes sino sus propios camaradas quienes le dispararon en aquella oportunidad.

En otro momento de la entrevista, acusó a los agentes policiales que se encontraban allí en ese momento de haber tocado y contaminado toda la escena del crimen. “Son tan buenos profesionales que saben que eso no se tiene que hacer, pero también supieron qué había que hacer para no ser pillados”, indicó a Radio Uno, al tiempo de recordar que el propio cuerpo de su pareja fue movido de lugar luego de ser abatido.

“En el video también se ve cómo un camarada levanta su arma, limpió, recogió algo del piso, dónde sabemos si no son casquillos de bala. Ellos mintieron, por qué en el momento no contaron la realidad de las cosas, la GEO presentó 24 horas después el vehículo adulterado”, expresó López.

La viuda del subcomisario Peralta sostuvo que llegó a permanecer en reposo absoluto durante una semana, probablemente como consecuencia de todo lo que le tocó sufrir en los días posteriores al fallecimiento. “Creo que ahora me está afectando lo sucedido, estoy pisando tierra de todo lo que pasó y aceptando de a poco. Parece que en el momento del entierro aún no asimilaba el hecho”, afirmó.

La mujer reiteró que los policías que acompañaron a su esposo en el operativo fueron los que dispararon y que en ningún momento los criminales llegaron a efectuar algún disparo, por ello pidió que los responsables sean procesados por la justicia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.