Tanto Brasil como Paraguay reconocen como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, y apoyan sus esfuerzos por la convocatoria de nuevas elecciones y la sustitución en el poder del gobernante Nicolás Maduro, que serán analizados por Bolsonaro y Abdo Benítez en una reunión privada.

La agenda regional incluye la creación de Prosur, un mecanismo propuesto por el presidente chileno, Sebastián Piñera, para suplir a la casi extinta Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y que será discutida en una cumbre convocada para el 22 de marzo en Santiago.

Asimismo, Bolsonaro y Abdo Benítez discutirán el proceso de reformas internas del Mercosur, bloque que Brasil y Paraguay forman junto con Argentina y Uruguay, el cual apunta a derrumbar barreras comerciales y flexibilizar las rígidas normas que impiden a los socios la negociación individual de acuerdos externos.

En lo bilateral, el proyecto más avanzado se refiere a la próxima construcción entre ambos países de dos nuevos puentes, que le darían un empuje a una corriente comercial que en 2018 llegó a unos 3.500 millones de dólares.

Las obras para la construcción de esos dos puentes, que tienen un coste calculado en unos 70 millones de dólares cada uno, comenzarían este mismo año, siempre y cuando se resuelvan aspectos burocráticos pendientes en ambos países, según explicaron fuentes brasileñas.

En la agenda de los mandatarios también habrá un asunto que enfrenta delicados intereses de tipo económico y comercial, como es la distribución y los precios de la energía de la hidroeléctrica binacional de Itaipú.

El tratado que regula lo relativo a la represa, firmado en 1973, vencerá en 2023 y Paraguay presiona para iniciar una renegociación del Anexo C, que establece la revisión de algunas disposiciones cuando se cumplan 50 años de la suscripción del convenio.

De acuerdo con ese punto del tratado, Paraguay recibe la mitad de la energía generada por Itaipú, pero no la consume en su totalidad y es obligado a venderle los excedentes a Brasil a precio de coste.

Paraguay ya ha anunciado su disposición a iniciar la negociación de ese anexo en el menor plazo posible y ha preparado un equipo de expertos que tendrá entre sus asesores al economista estadounidense Jeffrey Sachs.

Aunque Paraguay tiene prisa, fuentes oficiales brasileñas dijeron que el Gobierno de Bolsonaro considera que “hay tiempo” para esas discusiones, pues aún faltan cuatro años para el vencimiento del tratado.

Otro asunto que Asunción pretende resolver en un corto plazo es la petición que ya ha presentado a Brasil para la revocación del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí, exdirigentes del Partido Patria Libre (PPL), procesados por el secuestro en 2001.

La decisión, sin embargo, no depende directamente del Gobierno de Bolsonaro, sino de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia pero está integrada también por organismos humanitarios y de la sociedad civil.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.