La nueva tarifa para el 2023 en Brasil será de 12,67 KW, considerando que hasta el momento no se aprobó la tarifa de usina para el próximo año. Así lo comunicó la margen brasileña de Itaipú a la Energía Nuclear y Binacional SA, anterior Eletrobras y equivalente a la ANDE en Paraguay,

De mantenerse esa base el año próximo, se traducirá en 700 millones de dólares menos para el Paraguay, ya que el recorte de esta vez es del 38,9 %.

La noticia llegó a los paraguayos, gracias a que el Brasil, a través de las cuentas de redes sociales de Itaipú, informó acerca de los nuevos valores que comenzarán a regir desde enero, de lo contrario, en nuestro país nunca nos hubiéramos enterado.

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Este es el mismo modus operandi que aplicó Brasil hace un año, cuando debía definirse la tarifa 2022 y en lugar de llegar a un consenso, decidió ordenar de manera unilateral una “tarifa provisoria” que de 22,60 descendió a 18.90 y se extendió durante ocho meses.

Esta cifra coincidió con la postura del Brasil para la revisión del Anexo C, que es la disminución de la tarifa, teniendo en cuenta dicho anexo contempla la baja de la tarifa ante la amortización de la deuda. 

Paralelamente, en Paraguay reina el silencio en la Cancillería Nacional y en el Palacio de López, donde Mario Abdo Benítez no dijo una sola palabra

Por su parte, el directorio paraguayo de Itaipú se limitó a repetir el discurso del año anterior, argumentando que “prosigue” el análisis de las bases presupuestarias y sus componentes para la definición de la tarifa.

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“El nuevo precio del servicio de electricidad que regirá el próximo año se establecerá conforme al consenso de ambas márgenes”, expresa el comunicado.

Por su parte, el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, aseguró que Paraguay tiene la intención de mantener la tarifa “lo más alto posible” y que actualmente “se está negociando”.

“La publicación de la tarifa por parte de Brasil es una decisión interna y eso no significa que haya un acuerdo. Es una decisión inconsulta de Brasil”, reconoció Cáceres. Paraguay va camino a quedarse con las manos vacías y el problema, será una de las primeras herencias del próximo Gobierno.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.