El Anexo C, relativo a las bases financieras y a la prestación de servicios de electricidad de la represa compartida por ambos países, obliga a Paraguay a vender a Brasil a precio de coste el excedente del 50 % de la energía generada por la hidroeléctrica.

El decreto, anunciado este jueves por la Presidencia, establece que el equipo negociador esté compuesto por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, otro del Gabinete Civil de la Presidencia, un tercero procedente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y un cuarto integrante de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

A ellos se sumará, en calidad de asesor, Sachs, experto en cuestiones de desarrollo energético.

La función del equipo negociador será, según el decreto, representar al “Gobierno Nacional en dicho proceso de revisión y en otros asuntos relacionados que le sean encomendados”.

Para ello, el equipo negociador contará con el apoyo de un grupo de trabajo técnico, comercial, económico y jurídico encargados de “desarrollar, analizar y estudiar asuntos específicos relacionados con las negociaciones”.

Estos grupos también tendrán la misión de “emitir opiniones y sugerencias”, así como de delinear los objetivos y estrategias que podrá utilizar el equipo negociador.

La ANDE se encargará de la coordinación del grupo de trabajo técnico, en el que participarán miembros del Ministerio de la Relaciones Exteriores; del Viceministerio de Minas y Energía, dependiente del MOPC; de la ANDE; de la parte derecha (paraguaya) de Itaipú Binacional; y de la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip).

La estatal eléctrica realizará también labores de coordinación en el grupo de trabajo comercial, cuyos integrantes serán funcionarios del ente, de Exteriores, Hacienda, MOPC e Itaipú Binacional.

El grupo de trabajo económico quedará bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda y contará con funcionarios propios junto a otros de Cancillería, Hacienda, Industria y Comercio y el Banco Central del Paraguay (BCP), entre otras instituciones.

Por último, el grupo de trabajo jurídico dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores, con representantes de esa misma cartera, además del MOPC, la ANDE, la parte paraguaya de Itaipú y de la Procuraduría General de la República.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.