Tras una rueda de prensa, posterior a una reunión con Abdo Benítez, Rodríguez explicó que ahora debe ser el Congreso el que reconozca la deuda, para lo que presentarán un proyecto de ley en mayo de este año, que deberá ser tratado por ambas cámaras.

Si resulta aprobado, el Estado deberá pagar al IPS unos 420 millones de dólares, según estimó el presidente del ente, y la satisfacción de la deuda se llevará a cabo mediante la “emisión de bonos” que tendrán “un rendimiento”, con una tasa de interés que aún debe ser negociada entre el Ministerio de Hacienda y el IPS.

“Ese interés se pagaría anualmente”, puntualizó Rodríguez, y tanto esa rentabilidad, como el monto total de la deuda, una vez cobrada, serán destinados al “fondo de reserva de las jubilaciones”.

Aparte, el Estado deberá pagar los intereses por los años en que no ha satisfecho la deuda, y que serán cobrados “de forma líquida”, una vez sea sancionado el proyecto de ley, que estimó se producirá “en el segundo semestre” del año.

En ese momento también deberá emitir los bonos, que se convertirán en “activos” dentro del patrimonio del IPS, en referencia a los rendimientos que generarán.

No obstante, recordó que el pago a través de bonos es la solución que recoge el borrador del proyecto de ley que preparan, pero que tras pasar el filtro parlamentario podría verse modificado.

La deuda responde, según Rodríguez, a que el Estado lleva cuatro décadas sin “honrar” el porcentaje del 1,5 % del capital del IPS destinado a las pensiones, que debe pagar anualmente, según establece la legislación.

El resto del dinero que conforma el “fondo de reserva” de las jubilaciones es aportado por trabajadores y empresarios que cotizan al sistema, que apenas alcanza un 34 % de la masa laboral del país, según informó el pasado noviembre el Ministerio de Trabajo, que detalló que la informalidad laboral alcanzaba entonces el 66 %.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.