Del 3.1 de la sección ingresos-egresos del formulario de decla­raciones juradas de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), el expresidente de la República Mario Abdo Benítez obvió el 3.2 de ingre­sos anuales y pasó directa­mente al 3.3 de egresos men­suales. (Ver comparativo).

En las declaraciones juradas de Abdo Benítez no aparecen las millonarias ganancias que obtuvieron sus empre­sas detrás de la provisión de asfalto a “importantes constructoras de obras via­les”, tal como figura en acta de asamblea de una de ellas y que de alguna manera tor­nan lógicas las sospechas de las influencias que pudo pri­mar detrás de los negocios del Estado.

Como se puede ver en los formularios de declaracio­nes juradas, en el punto 3 de ingresos-egresos figu­ran los ingresos anuales; sin embargo, este ítem fue obviado en las declaracio­nes juradas del exmandata­rio. Ni el aguinaldo percibido en 2022 figura en su última manifestación de bienes al dejar el cargo y que es una retribución que los funcio­narios consignan en sus res­pectivas manifestaciones de bienes al dejar el cargo.

En la CGR se muestran muy cautos en relación con las revelaciones de multimi­llonarias ganancias de las empresas de Abdo Benítez durante los años que estuvo como presidente de la nación.

Solo señalan que iniciaron el examen de correspondencia sobre los bienes del exmanda­tario y que pedirán informes a las compañías en las que el mismo tiene acciones.

La distribuidora de asfalto Aldia SA en la que el expre­sidente registra 87,50 % de las acciones acumuló ganan­cias netas anuales por G. 175.268 millones entre 2018 y 2021, esta cifra equivale a un aumento en utilidades de 800 % comparado con las acumuladas en los años que le tocó ser senador, que fue de G. 19.480 millones.

Mientras que su otra empresa del rubro construcción y asfalto, Creando Tecnología (Createc SA), de G. 2.377 millones de lucro neto en 2016, fue aumentando expo­nencialmente hasta marcar diferencias que llegaron a un aumento ganancial de hasta 750 % en el periodo de pande­mia 2021, que fue dorado para su compañía con el monto de G. 22.546 millones.

La bonanza de ambas empre­sas del expresidente se dis­paró en los años de pandemia, cuando el país se subordinaba a un régimen de cuarentena que obligó a cerrar empre­sas, disminuir producción con una enorme cantidad de desempleados y mien­tras Abdo Benítez, decreto mediante, exceptuaba a las obras públicas de las medidas sanitarias establecidas por la epidemia del covid-19, priori­zaba la construcción de rutas aumentando la demanda de asfalto, favoreciendo de esta manera los negocios de sus dos compañías.

El exmandatario puso como representante legal en sus empresas que venden insu­mos a las “importantes cons­tructoras viales” a su hijo Mario Abdo Benítez Díaz Benza por incompatibilida­des constitucionales con las funciones que tenía como presidente de la República.

A las siderales ganancias netas anuales publicadas en estos días hay que sumar las utilidades netas obtenidas por Aldia SA en 2022; es decir, en el ejercicio anterior.

Según los documentos proveídos recientemente por el Ministerio de Economía y Finanzas, la utilidad neta del año pasado de la distribuidora de asfalto asciende a G. 65.995 millones que, sumada a las acumuladas hasta 2021, incrementan ganancias netas a G. 241.000 millones entre 2018 y 2022.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.