Este viernes 1 de julio, el presidente Mario Abdo Benítez presentó su cuarto “informe presidencial” ante al Congreso de la Nación. Si bien, la inversión en salud no tiene precedentes, la realidad es que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia obligó a fortalecer el sistema sanitario para hacer frente al virus pandémico.

En los datos proporcionados por el mandatario, figura que en el último año, se han habilitado 46 nuevas (USF) totalmente equipadas, cumpliendo con las normas establecidas. Por otro lado, se refaccionaron 21 (USF) existentes al plano estándar vigente. Actualmente existen 889 (USF) instaladas a nivel país, a través de las cuales se han realizado más de 3.517.746 atenciones médicas en las comunidades donde se encuentran asentadas, desde julio de 2021 a junio de 2022.

En cuanto a las camas de terapia intensiva, en lo que va del 2022 se aumentó el número de 771 camas para cuidados críticos en el territorio nacional, con una inversión superior a los G. 33.660.000.000. En los últimos 9 meses se han habilitado 95 camas nuevas.

Para Diciembre 2022 se planifica la incorporación de:

16 camas de UTI (8 adultos y 8 neonatales) en el Hospital Regional de Pdte. Hayes.

26 camas de UTI (pediátricas) en el Hospital Pediátrico.

8 camas neonatales en el Hospital Distrital de Villa Elisa.

8 camas de terapia intermedia en el Hospital Regional de Caazapá

Sobre las plantas de oxígeno, el informe refiere que se han adquirido 4 de los 6 Vehículos de gran porte que se tiene previsto incorporar para la logística de distribución efectiva de los recursos sanitarios a los
establecimientos principales del Sistema Sanitario Nacional, con una inversión de unos G. 3 mil millones.

A junio del 2022, se han instalado 28 Plantas de Producción de Oxígeno de las 56 planificadas a nivel nacional. Se tiene previsto invertir G. 194.390 millones para garantizar la provisión de oxígeno
de los establecimientos de salud de todo el país.

Durante el discurso de su informe, el presidente resaltó los logros obtenidos en materia de salud pública, sin embargo, continúan las falencias que afectan a la ciudadanía, como la falta de medicamentos, hecho que se acentuó en el 2021, en plena crisis pandémica.

Cabe recordar justamente que, dichas carencias desencadenaron en los más de 16.000 muertos por Covid-19, siendo una de las peores gestiones en el manejo, por los casos de corrupción muy sonados en cuanto a las compras del Estado de insumos y medicamentos truchos, lo que generó una crisis social que conllevó a la renuncia de varias autoridades sanitarias.

En ese contexto, en marzo de 2021, cuando iniciaba la crisis pandémica, se llegó a registrar más de 4.000 internados por día en sala común y más de 600 en terapia intensiva, lo que generó un colapso en el sistema sanitario, ya que los pacientes incluso eran atendidos en sofás y sillones ante la falta de camas.

Asimismo, la falta de medicamentos provocó que los familiares vendan sus pertenencias, sorteen sus vehículos, crucen fronteras para adquirirlos, porque no había respuestas por parte de los representantes de Salud.

Otro punto importante que se pasó por alto, es que hasta la fecha sigue sin se abonada gran parte de la deuda con los sanatorios privados, que fueron un soporte para la atención en la pandemia, quedando como saldo una cifra que ronda entre los 10 a 15 millones de dólares.

Así también, se debe mencionar el fracaso en la negociación del Mecanismo COVAX para la adquisición de vacunas anticovid, además de la demora para que el país reciba lotes con cantidades importantes, lo que pudo salvar la vida de miles de paraguayos. Sobre ese punto, el exministro de Salud, Julio Mazzoleni, no llegó a sellar acuerdos con los principales fabricantes de las vacunas.

Otras de las falencias también fueron la falta de insumos, como oxígeno para los pacientes internados, la falta del atracurio y el midazolam, muy demandado en los hospitales en ese tiempo.

Tampoco se puede olvidar el calvario de los pacientes oncológicos, quienes se vieron severamente afectados en la pandemia y arrastran una lucha hasta la fecha y es la falta de provisión de los fármacos que necesitan para su tratamiento y el pobre equipamiento del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN)

Ministros que renunciaron durante la pandemia por mala gestión

Julio Mazzoleni: el exministro de Salud presentó su renuncia el 5 de marzo del 2021, siendo el momento más crítico de la pandemia, donde se registraron el aumento de contagios e internados lo que colapsó el sistema sanitario. A su reemplazo, asumió el Dr. Julio Borba.

Julio Rolón: presentó su renuncia al cargo de viceministerio de Salud Pública el 8 de marzo del 2021, siendo reemplazado por el Dr. Hernán Martínez. Su dimisión se dio luego de protagonizar un encuentro con los familiares de pacientes internados en el INERAM, en medio de la crisis desatada por la escasez de medicamentos y el colapso del sistema sanitario.

Dr. Juan Carlos Portillo: renunció a su cargo el 23 de agosto del 2020, luego de viralizarse un video que demostró su participación del cumpleaños de la modelo Magalí Caballero. Este hecho generó descontento social, ya que incumplió las medidas sanitarias impuestas por la cuarentena, especialmente, no tener contacto con gente ajena al círculo social diario para evitar el contagio del COVID-19.

En este caso, Mario Abdo Benítez no destituyó a ninguno, los mismos presentaron la renuncia correspondiente ante la presión social.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.