El próximo 18 de septiembre vence el plazo de los 3 años de vigencia del millona­rio acuerdo de compra de vacunas firmado en 2020 por el gobierno del presi­dente Mario Abdo Benítez y la Alianza Mundial para las vacunas e inmunización (GAVI) a través del meca­nismo Covax. Este convenio resultó ser uno de los fraca­sos más grandes de la admi­nistración estatal anterior y arriesga al Paraguay a la pér­dida de USD 5.670.990 por el pago de 3.186.600 dosis de vacunas anticovid que nunca llegaron al país.

El acuerdo fue suscripto el 18 setiembre de 2020 con un plazo de tres años. Como apo­derado del Gobierno de Para­guay firmó el exministro de Salud Julio Mazzoleni.

El 1 de octubre de 2020 el Ministerio de Salud, a cargo del entonces ministro Maz­zoleni, transfirió a la Orga­nización Panamericana de Salud (OPS), en representa­ción del Mecanismo Covax, USD 6.847.680 como “prima de acceso” para integrarse a la lista de países beneficia­rios con la adquisición de 4.279.800 dosis de vacuna anticovid. Una semana después, el 9 de octubre, el Ministerio de Hacienda a tra­vés del exministro Benigno López firmó el documento de “Garantía e Indemnización” por USD 38,3 millones.

Pese a los millonarios pagos y documentos de garantía del total de vacunas que debían llegar a través de dicho meca­nismo, apenas se entregaron 1.093.200, es decir, poco más del 25 % del pedido.

Aquí empiezan los desajus­tes en la ejecución de un coti­zado acuerdo que iba a ser­vir para la inmunización de una de las tantas poblaciones del mundo que fue mutilada por el covid-19. Las diligen­cias no bastaron para llegar a tiempo y en Paraguay queda la secuela de casi 20 mil per­sonas que perdieron la vida en la pandemia, porque las vacunas no llegaron a tiempo.

El 18 de octubre de 2021, Covax ofrece 3.019.200 dosis, pero el 9 de noviembre de ese año, el Ministerio de Salud solicita cambio de plataforma de Sinovac/Coronavac a una que tenga aprobación de uso de emergencia en niños y ado­lescentes.

El 7 de diciembre de 2021 el Ministerio de Salud se dirige a Covax para solicitar rescisión del contrato y reembolso de la suma inicial depositada ale­gando que en el peor momento de la pandemia recibió solo 304.600 dosis y ya había pasado la peor urgencia.

El 14 de febrero de 2023 Covax ofrece solo dos alter­nativas: comprar las dosis restantes comprometidas o pagar la tarifa de salida (USD 184.140 más el depó­sito no reembolsable ya rea­lizado). El monto de 184.140 surge de restarle, a la tasa de salida (USD 5.855.040), los USD 5.670.900 del fondo no reembolsable ya transferido por el Paraguay. Se escuda en los “acuerdos de compra anticipada” con los fabrican­tes de vacunas para terminar dichos acuerdos.

El pasado 14 de agosto, el Senado de la nación insta al Ministerio de Salud a recha­zar cualquier contrapro­puesta de acuerdo de pago dilatoria y a exigir la devolu­ción íntegra e inmediata de los recursos pagados al meca­nismo Covax por la adquisición de vacunas.

El caso ahora está en manos de la Procuraduría General de la República que está anali­zando todo el expediente con­cerniente a la megacompra con la que el gobierno anterior vacunó al Estado con un con­trato fallido que hasta ahora deja una pérdida de USD 5,6 millones.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.