Días atrás se publicaba que Natalia Zuccolillo, hija de Aldo Zuccolillo y directora del diario ABC Color, había enviado una nota al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, fechada el 30 de junio del 2017, en la que mencionó que el Estado paraguayo estaría siendo objeto de un –supuesto– despojo ilegal de uno de los más valiosos inmuebles que tiene Ciudad del Este –el predio de 11 hectáreas que posee la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la zona comercial del Puente de la Amistad– y agregó que acompañó al documento con un dossier con todos los datos publicados por su medio.

En la misiva, Zuccolillo también solicitó a Díaz Verón que “proceda a la investigación y al esclarecimiento de lo informado”.

Tras conocerse el hecho, el diputado oficialista, Bernardo Villalba, cuestionó la presión ejercida por Zuccolillo ante un órgano constitucional y dijo que la denuncia realizada ante el titular del Ministerio Público dejaba en evidencia que la finalidad “no es para que cumpla su rol constitucional y legal, sino al revés, para que sea un instrumento extrapoder, para lograr un objetivo extraño a una investigación, y que esté adecuado a intereses exógenos a la función específica de la institución”.

Villalba añadió que la Contraloría General de la República o el propio Poder Judicial deberían intervenir primeramente en el conflicto que Zuccolillo tilda como “despojo ilegal” y que desde el Gobierno aclaran que se trata de una concesión previa licitación que lleva adelante la ANNP.

“La concesión no es un proceso administrativo y el control de este proceso cae dentro de las funciones de otras instituciones, como la Contraloría, o si existen conflictos hasta el Poder Judicial, ya sea el Tribunal de Cuentas o la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo y agregó que la Fiscalía tendría facultades de investigar la concesión tras las conclusiones de las citadas instituciones.

“En caso de que como conclusión de estas instituciones se tengan indicios de la comisión de algún hecho punible, el Ministerio Público tendría facultad”, recalcó.

Por otro lado, el legislador dijo que en caso de que los agentes del Ministerio Público se dejaran presionar, “estarían actuando de una manera inapropiada, hecho que tendría que generar acciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.

DESACREDITAN IDEA DE DESPOJO

El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, desmintió la serie de publicaciones realizadas por el medio de Zuccolillo en el programa “Cara o cruz”, de Unicanal. “Es evidente que en los temas inmobiliarios los terrenos ganan valor, por eso justamente decidimos para la ANNP un modelo así (concesión). Era fácil para nosotros decidir hacer una subasta y vendíamos, pero el presidente de la República nos dijo: este gobierno no venderá nada y esta es una forma de proteger el patrimonio”, puntualizó.

Seguidamente, trajo a colación el caso de la venta de un predio del municipio de Encarnación de parte del intendente Luis Yd al empresario Aldo Zuccolillo. “Allí, sí hubo un despojo y en donde todo se hizo entre gallos y medianoche, antes de Navidad, con un solo oferente y justo por donde pasará la Costanera”, señaló en la oportunidad Leite.

La Nación había dado a conocer que Zuccolillo, en contubernio con Yd, concretaron un despojo al municipio de Encarnación de un inmueble de 40.000 m2 por US$ 4.500.000, cifra irrisoria considerando que una vez concluida la Costanera que pasará frente al predio, éste, como mínimo, triplicaría su valor y pasaría a costar US$ 12 millones.

En la subasta se presentó un solo oferente, la empresa de Zuccolillo, y antes de la operación, se concretó una reunión entre el empresario y el intendente, organizada por su compadre y sobrino de Zuccolillo, Christian Rienzi.

INTERESES

La serie de publicaciones de ABC Color apuntaría no solo a derribar el negocio ventajoso para el Estado paraguayo, sino a sacar algún tipo de beneficio de ella.

No sería extraño este proceder, ya que a través de los medios del holding el empresario busca “apretar” para lograr capitalizar sus intereses. En el caso del predio de la ANNP en el este del país, el Grupo Zuccolillo tendría numerosos intereses inmobiliarios en la zona.

Fuente: La Nación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

Es noticia hoy: Papa designa a nuevo representante de la Santa Sede en Paraguay

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

Nota relacionada: Importante anuncio desde la Cámara de Diputados

Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

Lea también: Sistema de tormentas para esta mañana y el sábado

En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

Nota relacionada: Dakovo, la trama del mayor operativo contra el armatráfico

Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

Leé también: “Esas armas fueron vendidas legalmente”: Diego Dirisio habló desde la clandestinidad

El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.