El diputado colorado Hugo Velázquez, presidente de la Cámara Baja, dijo que los parlamentarios ni siquiera analizaron el pedido de juicio político al Contralor de la República, Óscar Velázquez Gadea, por el caso de la secretaria Liz Paola Duarte, quien cobraba 30 millones de guaraníes por mes, más que un ministro del Ejecutivo.

“Para serte sincero, no comenzó siquiera acá una conversación oficial entre las bancadas sobre ese tema. Es tan incipiente, tan poca la información que tenemos al respecto que, como te digo, no comenzó una conversación oficial en este tema”, indicó a radio Monumental.

Señaló que se encuentra muy lejana la posibilidad de plantearse el enjuiciamiento y recordó que Velázquez termina su mandato a fines de este año.

Al ser consultado si existe el interés de sacar al Contralor para usar ese cargo en medio de las elecciones, respondió que “acá los diputados son todos líderes departamentales y estamos muy metidos en nuestra interna partidaria. Como movimiento no le vemos ni bien ni mal el tema de la Contraloría, porque no tenemos nosotros ningún interés en buscar la salida o la permanencia del Contralor, eso se dará si se dan las condiciones”, señaló.

PIDEN JUICIO O RENUNCIA

Días atrás, el parlamentario Walter Harms pidió juicio político al Contralor, a menos que este renuncie. En ese sentido, instó a la Cámara a apoyar la campaña de lucha contra la impunidad y corrupción tomando una posición al respecto.

Por su parte, el Sindicato de Funcionarios de la Contraloría General de la República denunció que además de la “secretaria VIP” (quien renunció tras conocerse el caso) existirían otras 20 personas que cobraran multimillonarias sumas en dicha institución estatal encargada de controlar a los demás entes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.