En contacto con Radio La Unión, la abogada Selva Rodríguez habló sobre la carta redactada de puño y letra por el agente Gustavo Florentín en la que relata todo lo sucedido aquel viernes 31 de marzo.

En el manuscrito, Florentín hace un relato cronológico iniciando desde las 16:00 cuando le ordenan presentarse en la armería de la Policía a los efectos de retirar los equipos, municiones y el arma que iba a utilizar durante el operativo frente al Congreso.

Según comentó la abogada, la nota aclara que el suboficial regresó a la Comandancia de la Policía Nacional a las 02:30 de la madrugada, haciendo entrega de todo el equipamiento que había llevado consigo y entre los que se encontraban tres perdigones de goma sin percutir.

“A él estando con una resolución judicial de arresto domiciliario le estaban ordenando que igual preste servicios anterior al viernes, él ya estaba por inmediaciones del Congreso y por los pasillos de la Comandancia, esto se estaba violando esto desde antes”, indicó Rodríguez, indicando que su defendido ya gozaba de plena libertad para movilizarse mucho antes de que se registraran los incidentes de aquel 31 de marzo.

Asimismo, mencionó que como la Policía Nacional es una institución no beligerante y con una cadena de mando, toda instrucción queda registrada y tiene que ser por escrito, por lo tanto, la orden de ingreso al PLRA tuvo que quedar asentada en alguna parte.

En la carta, el suboficial Florentín también menciona a tres efectivos policiales: el suboficial Romero, quien habría dado la orden de ir hasta el Congreso; el Crio. Enrique Isasi, quien le entregó las municiones; y el Crio. Amado Cantero, quien ordenó avanzar hasta el diario ABC Color y luego hasta la sede del Partido Liberal.

En un momento de la entrevista, la abogada sostuvo que el Gral. Braulio Piris, comandante de las Fuerzas Militares, admitió haber sido el que entregó las municiones al Crio. Isasi cuando los oficiales de policía y antimotines se quedaron desabastecidos.

“Cuando recibieron el pedido de auxilio, les dicen a ellos (policías) que vayan a ABC, ahí dispersaron la turba y esperaron la patrullera para llevar a los detenidos. El Crio. Amado Cantero les llamó y les dijo que avancen, esa era su palabra en todo momento. Él acompañó en todo momento a ese pelotón, estaba con ellos frente al PLRA”, relató Rodríguez a la 800 AM.

La defensora del suboficial consideró que si su cliente tenía realmente perdigones de metal como mencionan en la acusación, “se hubiesen tenido más muertos”. Reafirmó su postura al asegurar que no fue Florentín quien disparó a Rodrigo Quintana, ya que el autor del disparo es una persona zurda y que coincidentemente el suboficial Arnaldo Andrés Báez (otro de los involucrados) posee esa característica.

“Todo está registrado y asentado, pero todavía no pueden saber quién dio la orden”, dijo la abogada, cuestionando que hasta el momento aún no se haya logrado identificar a la autoridad que autorizó el ingreso a la sede del PLRA.

“Esto se inició por la violación de la Constitución Nacional de 25 personas, si ellos no hubiesen violado la Constitución la gente no se hubiese manifestado y la policía no hubiese actuado. Hoy le tendríamos a Rodrigo Quintana vivo y a mi cliente libre”, sentenció.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.