El profesional en el derecho Guillermo Duarte Cacavelos es un especialista en enredar los procesos penales donde sus clientes son investigados por hechos de corrupción pública y no existe juez que se anime a sancionarlo por litigar de mala fe.

Un ejemplo de eso fue cuando el Tribunal de Apelación integrado por Arnulfo Arias, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón Fernández, al resolver una de las tantas chicanas que presentó Duarte Cacavelos en el expediente donde su cliente el diputado Miguel Cuevas está procesado por enriquecimiento ilícito, al momento de rechazar el incidente en la misma resolución los camaristas solicitaron al juez penal de garantías Yoan Paul López, que sancione al abogado por litigante de mala fe, debido a que iba presentando una serie de chicanas que no llevaban a nada, solo a tratar de enredar la marcha del expediente.

Sin embargo, el magistrado López hizo caso omiso a lo dispuesto por la Cámara y nunca le impuso la sanción al abogado del diputado Cuevas, que lejos de dejar de presentar incidentes, el letrado al tener el OK del juez siguió chicaneando el proceso.

¿Dónde radica el poder del abogado Guillermo Duarte Cacavelos? Primero el profesional es representante del Partido Liberal Radical Auténtico, todo político liberal que tenga problemas judiciales es representado por Duarte Cacavelos, ahora los colorados también vieron los buenos resultados que obtiene el letrado y también lo contratan.

De esta manera al estar codeado con políticos de los dos partidos políticos más grandes, Guillermo Duarte Cacavelos y todos los que trabajan en su estudio jurídico obtiene un alto grado de impunidad en sus actos jurídicos que rayan con la mala fe, tal como lo distinguió perfectamente la Cámara de Apelación que pidió en vano su sanción.

Por mucho menores incidente de los que presenta este abogado en los diferentes casos ya se sancionó a otros profesionales del derecho, basados en la acordada de la Corte Suprema de Justicia número 961/15 establece sanciones para los abogados y procesados que hacen uso abusivo de las chicanas y en muchos casos ya se aplicaron estas penas.

En el artículo 4°, la acordada señala: “Deber de sancionar y comunicar. Los jueces o tribunales deberán aplicar sanciones disciplinarias a un auxiliar de justicia, cuando realizare actos de violencia, amenazas, injurias o maltrato a Magistrados o Funcionarios, cuando lo declare litigante de mala fe, o declare que ha ejercido abusivamente el derecho o que ha litigado con temeridad, y deberán comunicarla a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de su anotación en el legajo o ficha del auxiliar de justicia”.

Sin embargo esta disposición de la máxima instancia judicial parece no estar vigente para abogados como Guillermo Duarte Cacavelos, quien al momento de ejercer el rol de querellante varias veces se mostró a favor de sancionar a sus colegas que fungen de defensores y que presentan incidentes tras incidentes para no dejar progresar un caso, un ejemplo de ello se dio en el caso de la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, donde Duarte Cacavelos en muchas ocasiones se mostró en contra de las chicanas que presentaba su contraparte para no dejar que el proceso avance y pidió que sus colegas sean sancionados para que dejen que avancen las pesquisas.

Su más reciente logro fue el blanqueo del exministro del Interior, Rafael Filizzola, y de esta manera quedó impune un daño patrimonial de G. 1.200 millones que nunca se va a esclarecer.

El fiscal Néstor Coronel y su colega Natalia Fúster ya presentaron una apelación general contra la resolución de la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo, quien el pasado 4 de febrero declaró la prescripción de la causa de lesión de confianza contra el exministro por el caso de la licitación para reparar Comisarías que causó un daño patrimonial de G. 1.200 millones.

En la audiencia preliminar que se realizó la defensa de Filizzola presentó un pedido de prescripción de la causa alegando que transcurrió el doble del plazo de la pena prevista para el hecho punible de lesión de confianza que es de 5 años y ya se llevaban 10 años de investigación.

La jueza Pedrozo confirmó este hecho y sobreseyó definitivamente a Rafael Filizzola, Alejandro Candia Giménez, dueño de la empresa Todo Verde, que ganó la licitación, Juan Diego Fernández, administrador de la empresa, Aníbal Gerardo Muñoz y Fernando Ángel Sakoda, empleados.

Lo que la magistrada no tomó en cuenta es que el ex ministro Rafael Filizzola en el 2016 presentó una acción de inconstitucionalidad y con ayuda de la Corte Suprema de Justicia que cajoneó el caso por más de cinco años, ayudó a que se congele el caso.

Los representantes del Ministerio Público señalan que la jueza no tuvo en cuenta la teoría de los plazos muertos, que no es otra cosa que ir restando los días que el expediente no está en el juzgado, criterio que es utilizado por la Corte en algunos casos y llamativamente en otros no.

Este proceso se inició en el año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, que fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato. El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

Además, refiere que el ex ministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.