En entrevista con la 1330 AM, el Dr. Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio Cartes, fue consultado sobre el oficio que recibieron Última Hora y ACB Color de parte de la Fiscalía, en el marco de la denuncia presentada por el exmandatario por persecución política. El Ministerio Público solicitó la identificación de los periodistas que redactaron notas sobre las empresas de HC y los pagos al ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich.

En ese sentido el letrado aclaró que la diligencia realizada por el Ministerio Público es decisión propiamente de la institución, no es una solicitud de la defensa. “Es una decisión del Ministerio Público solicitar la forma que lo ha hecho”, agregó.

“Hay circunstancias que rodearon al caso, que hicieron una campaña de desinformación, presentarle a Cartes como un lavador de dinero, como vinculado al narcotráfico, al terrorismo, pero sin haber un solo proceso que determinara una condena o prueba fehaciente de certeza”, dijo sobre la campaña mediática propiciada desde órganos estatales que manipularon información para presentarla a la opinión pública.

Por ejemplo dijo que en un informe de la Seprelad se colocó que Unicanal compraba cigarrillos, que Cartes le vendía a sí mismo o que estaba ligado a países involucrados en lavado de dinero, y se sacaron en grandes titulares y con indicaciones tendenciosas. Siendo lo anterior totalmente falso.

El Ministerio Público está investigando, tras la denuncia hecha por Cartes, la filtración que se hizo a los medios de prensa, de modo a saber quiénes son los funcionarios públicos responsables del ilícito cometido.

“En ningún momento hemos denunciado periodistas ni hemos dicho que tienen la obligación de callar o no pueden expresarse como desean. En ningún momento hemos amedrentado a un periodista ni dicho que hayan cometido algún ilícito. Sí hemos dicho que funcionarios públicos, órganos del Estado, han realizado acciones violando disposiciones legales para perseguir políticamente, circunstancia totalmente distinta”, dijo.

No obstante, reconoció que estos funcionarios también se valieron de medios de prensa para que tenga repercusión, porque de lo contrario no hubiera tenido el mismo efecto que lo hayan hecho solo en el ámbito de sus instituciones.

Ovelar reiteró que esta es una investigación sobre filtración, con la cual se busca saber de qué manera el entonces presidente Mario Abdo Benítez tuvo acceso a la información sensible y confidencial de la Seprelad y lo hizo público mediante la prensa. “Acá no se trata de periodistas, sino que se trata de investigar quiénes filtraron la información, para qué lo hicieron y qué es lo que filtraron”, explicó.

En la entrevista dijo que la información de la Seprelad fue manipulada al presentarse hechos calificados erróneamente. “Hay hechos que son calificados equivocadamente y son tendenciosos con la intención de perjudicar, o sea que hay una serie de hechos que se van a ir dilucidando a medida que ocurra la investigación y conforme nosotros vamos a ir destacando en la investigación”, agregó.

El entrevistado sostuvo que el fiscal deberá responder por qué solicitó la identificación de los periodistas. Sin embargo, dejó en claro que en ninguna parte del requerimiento se obliga a revelar la fuente de información de ambos medios de prensa. En tanto que el fiscal sí está obligado a investigar.

Ovelar recordó que existe una diferencia entre que a alguien le esté prohibido revelar algo, que a alguien le esté permitido no revelar algo. Explicó que el periodista no está obligado a revelar la fuente, por ende la Fiscalía no puede obligarlo. En cambio al abogado, médico o farmacéutico le está prohibido revelar algo que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

“Si (vos periodista) tenés una alta moral ética y valores que te llevan a querer esclarecer un hecho que llegó a tu conocimiento y lo publicaste, no está prohibido que cuentes quién te dijo eso. Parece que está prohibido llamarle a testificar a un periodista y no es así. Que se lo llame no es un amedrentamiento, ya que dependerá de lo que decida el periodista hacer, si revela o no su fuente, ya que está amparado en derecho constitucional de no dar a conocer la identidad de su fuente”, esgrimió.

“El fiscal está obligado a investigar y el periodista puede ser citado a declarar, pero no puede ser obligado a responder”, agregó.

Al parecer de Ovelar, ABC y UH pueden tener una línea editorial contraria a Cartes, pero que no corresponde que la Seprelad, Anticorrupción y funcionarios de Abdo hayan estado filtrado información tergiversada para perseguirlo.

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En otra entrevista radial, con Central Radio, Ovelar sostuvo que el ejercicio del periodismo posee una protección de rango constitucional, por lo que es libre y no existe ningún requisito para trabajar o sanción alguna por esa labor.

Remarcó de vuelta que el Ministerio Público está obligado a investigar y no le está prohibido preguntar a un periodista. Mientras que el periodista no está obligado a responder y la Fiscalía no lo puede procesar o sancionar por no revelarle su fuente.

Ovelar dejó en claro que no existe ningún ánimo de parte de Cartes de ir tras algún periodista o que revele su fuente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.