El abogado José Fernández Zacur, defensor de Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA, aseguró que la firma no incurrió en hecho punible alguno, en el marco de la adjudicación de los juegos de azar como la quiniela y de los tragamonedas.

“La tesis del Ministerio Público es que la empresa TDP, en el marco del proceso de licitación de la quiniela, formuló supuestamente una declaración falsa al suscribir un formulario, dentro de los documentos que debía presentar para ofertar, donde TDP manifestaba que no adeudaba impuesto alguno al momento de ofertar”, explicó en charla con la radio Universo y canal Gen.

Sostuvo que la defensa considera que aquí ocurre una situación atípica, porque la declaración falsa (hecho atribuido por la Fiscalía) es un hecho punible contra la prueba testimonial, que solamente puede darse en un proceso que permita tener una etapa probatoria donde se admitan los testimonios.

“Para nosotros lo más importante es que la declaración de TDP es absolutamente ajustada a la realidad, no es falsa, por dos motivos principales: porque TDP al momento de ofertar tenía un certificado de cumplimiento tributario y porque no existía un acto de determinación de la SET con relación a otra obligación impositiva pendiente para TDP en aquel momento”, resaltó.

Siguió argumentando que hoy en día, luego de haberse adjudicado la licitación, la SET pretende aplicar un impuesto que ya está derogado. Y agregó que actualmente está pendiente de un recurso administrativo presentado por la firma que representa.

“Desde el año 2019 está derogado ese impuesto. Nuestra posición es que la SET no puede reclamar a TDP SA un impuesto luego de haberse derogado hace dos años, un impuesto que no nos reclamó en ningún momento cuando estuvo vigente y que no se podía pagar por falta de reglamentación de la normativa. La posición de la empresa es que se trata de un impuesto inaplicable por falta de reglamentación”, subrayó.

En torno a la supuesta moratoria de la empresa, enfatizó que tampoco la Fiscalía argumenta con sustento. “La existencia o no de mora está actualmente en un proceso contencioso controvertido que todavía tiene mucha tela por cortar y para nosotros la imputación fiscal carece de sustento jurídico suficiente. (…) Es un refrito lo que se hace”, expresó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.