Rubén Romero, presidente de la Unión de Abogados Colorados del Paraguay, dio a conocer a través de un comunicado la postura del gremio de profesionales abogados respecto a la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

En ese sentido, la Unión de Abogados Colorados respaldó fervientemente esta medida, reconociendo su importancia en el contexto de las decisiones legislativas que inciden directamente en la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

“Las acciones y opiniones de los ciudadanos son libres, pero pierden legitimidad cuando las circunstancias y modos en que se expresan constituyen una instigación a actos dañinos y violentos. La difusión de ideas y opiniones es un derecho fundamental, pero cuando se desciende al uso de lenguaje “vulgar”, “obsceno” o “blasfemo”, que se degrada hacia la grosería, la violencia y la hostilidad, traspasamos la libertad de expresión para caer en el populismo. Este último se manifiesta a través de expresiones como “basura” y “cloacas”, desvirtuando la democracia y generando falsedad, mentira y violencia. El Art. 3º de nuestra Constitución Nacional establece claramente que el poder público se ejerce mediante el sufragio, y el gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguna persona puede atribuirse facultades extraordinarias ni otorgarlas a otros”, indicó el gremio.

Recordó que el pueblo no delibera ni gobierna directamente, sino a través de representantes elegidos por votación popular. Y que el Estado de Derecho impide que mediante el empleo de la fuerza y violencia se atropelle e intenten paralizar el funcionamiento de los poderes del estado elegidos conforme a nuestro ordenamiento jurídico. La violencia solo se justifica en sociedades primitivas y sanguinarias.

“Aunque nuestro Estado de Derecho no es perfecto, debemos fortalecerlo y no destruirlo. El populismo es una peligrosa enfermedad social que surge cuando grupos se autoatribuyen la representación popular por la fuerza, ignorando las leyes y procesos jurídicos”, ahonda.

El grupo pidió evitar la formación de grupos que rechacen propuestas razonables y promover el intercambio de ideas serenas. “La oposición, carente de ideas y sin peso en el voto popular, busca generar confrontación para ubicarse en la agenda pública, difamando, calumniando y utilizando la violencia verbal y física”, alertó.

Los abogados llamaron a la ciudadanía a serenar los ánimos y confiar en las autoridades, ejerciendo el derecho de expresión a través de los mecanismos legalmente establecidos. Exhortaron además a considerar que todas las instituciones de la República deben ser auditadas, controladas y supervisadas, incluyendo las Cajas de Jubilaciones, para precautelar los derechos de los jubilados y evitar fraudes y dilapidación de sus bienes.

También expresaron su respaldo a la postura adoptada por la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), conforme a la determinación adoptada por el Congreso Nacional en relación a la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. “Entendemos que lo dispuesto en la misma es fundamental para, consolidar y fortalecer las bases legales que rigen las jubilaciones y pensiones en nuestro país. Reafirmamos que la Asociación que nos une como colorados es una entidad que busca promover el bienestar del pueblo paraguayo basándose en la igualdad, la justicia y la soberanía popular, manifestada a través de un gobierno republicano, democrático, participativo y representativo. Consideramos como un derecho fundamental de todo individuo el acceso al trabajo, a la seguridad social y el bienestar económico”, reza el escrito dado a conocer.

Por todo ello, reiteraron su compromiso con el orden jurídico y la estabilidad institucional, respaldando acciones que fomenten el bienestar general y la legalidad en el ámbito de las jubilaciones y pensiones.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.