El informe de referencia 8.000 millones de vidas, infinitas posibilidades: argumentos a favor de los derechos y libertades aboga por dar un giro de 180º grados a la perspectiva desde la que se abordan las cifras demográficas e insta a la clase política y los medios de comunicación a prescindir de los relatos exagerados sobre explosiones y descalabros poblacionales. En lugar de preguntarse a qué velocidad tiene hijos la ciudadanía, el informe insta a que nos planteemos si todas las personas —y en especial las mujeres— tienen las garantías necesarias, en salud, educación, vivienda, entre otros, para tomar las mejores decisiones a fin de desarrollar sus proyectos de vida.

“Si queremos forjar sociedades prósperas e inclusivas, independientemente del tamaño de la población, necesitamos un cambio radical de mentalidad en lo que respecta a nuestra forma de hablar sobre los cambios poblacionales y hacer planes en torno a ellos”, expone la Dra. Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas.

En los 68 países que han facilitado datos sobre la materia, el 44% de las mujeres y niñas con pareja no tiene derecho a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo en lo relativo a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y al acceso a atención de su salud, una proporción verdaderamente abrumadora. A nivel mundial, se calcula que unos 257 millones de mujeres tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos seguros y confiables.

A lo largo de la historia, se pudo constatar que las políticas de fecundidad pensadas para aumentar o reducir la natalidad son inútiles en la inmensa mayoría de los casos y atentan contra los derechos de las mujeres. Durante los últimos 20 años, algunos países han lanzado programas para motivar que las familias fueran más numerosas a cambio de incentivos financieros y recompensas para las mujeres y sus parejas; con todo, su tasa de natalidad no ha superado los dos hijos por mujer. Por otra parte, se han producido graves violaciones de los derechos humanos en forma de actuaciones que buscan ralentizar el crecimiento demográfico mediante esterilizaciones forzadas y la anticoncepción por medios coercitivos.

La planificación familiar no debería ser una herramienta para alcanzar las metas de fecundidad, sino un recurso que empodera a todas las personas. Las mujeres, y los varones, deben poder elegir si desean tener hijos y, en caso afirmativo, cuántos y en qué momento de su vida.

El informe recomienda a los gobiernos que adopten políticas que tengan como pilar fundamental la garantía y respeto a los derechos de las personas. Por ejemplo, programas de licencia parental, deducciones fiscales por cada hijo, políticas que fomenten la igualdad en los entornos laborales, y acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Se trata de instrumentos de eficacia probada que generarán dividendos económicos y se traducirán en sociedades resilientes capaces de prosperar sin importar los cambios demográficos que experimenten.

Datos y cifras clave del Estado de la Población Mundial 2023:

– Según los datos de 68 países que presentan informes al respecto, el 24% de las mujeres y niñas con pareja no puede negarse a mantener relaciones sexuales y el 11% no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre anticonceptivos en particular.

– Las características demográficas del planeta cambian a gran velocidad: Dos tercios de la humanidad residen en contextos de baja fecundidad, mientras la mitad del aumento de la población mundial previsto para 2050 corresponde a solo ocho países (Egipto, Etiopía, Filipinas, la India, Nigeria, el Pakistán, la República Democrática del Congo y la República Unida de Tanzanía), lo que transformará radicalmente la clasificación de los países más poblados del mundo.

– Responsabilizar a la fecundidad por el cambio climático no obliga a rendir cuentas a quienes emiten más dióxido de carbono. De 8.000 millones de personas, en torno a 5.500 millones no ganan lo suficiente, unos 10 dólares al día, como para incidir de forma notable en las emisiones de dióxido de carbono.

– Según un estudio reciente de las Naciones Unidas, impulsar la equidad y la igualdad en la fuerza de trabajo sería más útil para sustentar las economías de sociedades con poca fecundidad y en proceso de envejecimiento que fijar metas para que las mujeres tengan más hijos.

Datos y cifras clave de Paraguay vinculadas a los temas que desarrolla el informe:

– Paraguay cuenta con aproximadamente 7,5 millones de personas. En 2023 la población se compone de:

+145 mil nacimientos anuales (TGF= 2.34 hijos en promedio por mujer, la más alta se da en Boquerón y es de 2,86);

43 mil defunciones anuales;

700 personas menos anualmente como diferencia entre las que emigran e inmigran.

– Acorde al momento de Paraguay en la transición demográfica (etapa plena según los niveles de fecundidad y mortalidad), tiene importantes oportunidades (bono demográfico y femenino) que permiten preparar a la población ante los desafíos del envejecimiento (seguridad económica, salud y cuidados).

– Entre los retos que enfrenta nuestro país, y según datos provisorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en 2021 hubo 493 nacidos vivos de madres de 10 a 14 años de edad y 13.049 de madres de 15 a 19 años de edad, totalizando 13.542 nacidos vivos cuyas madres tienen entre 10 y 19 años. Representan en promedio 37 nacimientos por día y constituye la cifra más alta en el Cono Sur.

– Según el Ministerio de Hacienda, en 2021 el total invertido en adolescencia y juventud fue de G. 8,3 billones. Si se considera el gasto directo y el total de población de 15 a 29 años de edad (1.980.000 personas) arroja un total de G. 910.000 por año por persona (G. 2.500 por día).

– Para el 2050 se espera que 1 de cada 5 (18%) sea una persona mayor. Paraguay se encuentra en la antesala de un cambio sin precedentes: en 2054 la proporción de personas mayores sobrepasará a la de menores de 15 años. Para responder a este desafío, es preciso analizar y reformar el sistema de jubilación y pensiones debido al aumento de la esperanza de vida, formalizar el empleo juvenil y el de las mujeres para que el sistema sea sostenible y crear resiliencia ante los efectos del cambio climático.

Durante la ejecución de las obras, los conductores que circulen desde Fernando de la Mora a Asunción deberán girar a la derecha en la calle Mateo Estigarribia, continuar hasta Cerro Corá, luego girar a la izquierda y seguir hasta Casilda Insaurralde, por donde podrán reincorporarse a la avenida Mariscal López.

En tanto, quienes transiten en sentido contrario, es decir, desde Asunción hacia Fernando de la Mora, podrán continuar utilizando la avenida Mariscal López, ya que este sentido permanecerá habilitado.

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Con el fin de garantizar un tránsito ordenado y seguro, agentes de la Patrulla Caminera estarán apostados en la zona para orientar a los automovilistas y velar por el cumplimiento del nuevo circuito vial establecido.

Cabe recordar que estas intervenciones forman parte del plan de renovación vial impulsado por el Ministerio de Obras, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación vehicular y mitigar los problemas de acumulación de agua en días de lluvia. Los trabajos estarán a cargo de la empresa contratista Tecnoedil S.A. bajo la supervisión del MOPC

El fiscal Silvio Corbeta confirmó a Universo 970 AM que fue recusado por los abogados de Miguel Prieto, coincidentemente a días de la realización de la audiencia preliminar por el actual intendente de Ciudad del Este.

Asimismo, señaló que tanto él como los otros dos fiscales de la causa y todo el equipo de trabajo investigativo fueron recusados, bajo el argumento de ser los supuestos responsables de la viralización de una declaración difundida en los medios de comunicación

“Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración. No tenemos nada que ver con esa filtración”, señaló el fiscal.

Corbeta manifestó que a raíz de esta situación, no podrán participar en la audiencia preliminar. “Es una suerte de estrategia defensiva para tratar de evadir a la justicia”, subrayó.

La causa se enmarca en una investigación que revela un esquema presuntamente fraudulento sostenido por la empresa Mocipar, que habría afectado a múltiples personas mediante contratos de adhesión para la adquisición de inmuebles que nunca se concretaron.

La investigación parte de la denuncia de una mujer que, entre 2011 y 2018, suscribió tres contratos consecutivos con MOCIPAR, abonando un total de G. 13.460.000 bajo la promesa de acceder a una vivienda o bienes sorteados. A pesar de cumplir con las cuotas estipuladas, nunca fue adjudicada con propiedad alguna, y fue inducida a firmar nuevos contratos con la promesa de no perder lo ya abonado.

El Ministerio Público concluyó que los contratos no establecían el precio real de los inmuebles y que el modelo de adjudicación era imposible de cumplir dada la magnitud de los adherentes versus la capacidad real de entrega.

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Además, según los elementos recolectados, la firma habría captado a sus víctimas, a través de un programa de televisión emitido por canales de aire, donde se sorteaban semanalmente bienes como electrodomésticos, muebles y vehículos. No obstante, en 22 años de funcionamiento, apenas se documentaron 16 adjudicaciones efectivas, mientras que miles de personas abonaban cuotas sin obtener retribución alguna. Las empresas involucradas tampoco contaban con autorización de la CONAJZAR para realizar sorteos, lo que agrava la situación legal de los acusados.

La acusación sostiene que los directivos acusados utilizaron esta estructura para captar fondos de personas de ingresos bajos y medios, y que tanto Durand como Román Fernández se beneficiaron personalmente con movimientos financieros positivos, mientras las empresas registraban reiteradas pérdidas.

El Ministerio Público considera que los hechos reúnen los elementos del tipo penal de estafa y que corresponde la apertura del juicio oral para el juzgamiento de los acusados.