La delegada de la Defensoría del Pueblo en Caaguazú, Ana Laura Rojas, señaló a radio Ñandutí que una funcionaria del Hospital de la zona, identificada como Dionisia Zacarías, estaría intentando apropiarse y vender la vivienda que sus padres ocupan hace 26 años en la localidad de San Miguel.

“Realmente es algo muy triste y desgarrador. No podemos ser ajenos al dolor que tiene esa pareja. Son personas de tercera edad, con problemas de salud y no están en condiciones de volver a iniciar de cero, porque tienen su historia en ese lugar. Tratamos de ayudarles dentro de los que nos compete como Defensoría del Pueblo. Ellos siguen viviendo en el lugar y la hija quiere sacarles de forma violenta”, dijo.

La delegada mencionó que los padres, que ya tienen aproximadamente 79 años, habían adquirido ese terreno y por la confianza que tenían en su hija en ese entonces pusieron a su nombre. Indicó además que los otros 10 hermanos se encuentran muy consternados por lo que está ocurriendo y añadió que los mismos fueron denunciados por Dionisia Zacarías por supuesta violencia doméstica, cuando en realidad ella supuestamente es quien ejerce violencia verbal y psicológica contra sus progenitores.

En ese sentido dijo que como medida de presión la hija ya cortó el suministro de agua a la vivienda y que un vecino se apiadó de los abuelitos y les está proveyendo momentáneamente el líquido vital. “Todo los vecinos están a favor de la pareja, la hija vive en otro lugar y solo va a la vivienda a violentar”, agregó.

Ahora la defensa de los abuelitos presentará un interdicto para retener la posesión, un amparo para que se les suministre el agua y una denuncia ante la Fiscalía por violencia doméstica.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.