Ayer durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, “Payo” Cubas (Movimiento Cruzada Nacional) realizó varios cuestionamientos contra la Policía Nacional y la situación por la que atraviesa actualmente.

En un primer momento, habló sobre la excesiva cantidad de oficiales de alto rango dentro de las filas policiales y mencionó que existen en total unos 4.057 jefes y 18.000 subordinados, por lo que hay un jefe por cada cuatro agentes, hecho que -a su criterio- “abulta” de sobremanera el presupuesto de la institución debido a los considerables salarios que perciben.

Posteriormente, cuestionó la distribución poco equitativa de oficiales en algunos departamentos internos de la Policía, citando a los antinarcóticos, antiabigeato, lavado de dinero y cibercrimen, entre otros.

CUSTODIA A PARLAMENTARIOS

Así también, se refirió a la custodia policial a parlamentarios y aseguró que el hecho de asignar agentes para el resguardo de senadores y diputados es un despropósito, atendiendo a que los mismos podrían estar operando en las calles para mantener el orden y la seguridad ciudadana.

Sobre este mismo punto, el senador del Movimiento Cruzada Nacional confirmó que unos 178 agentes de la Policía Nacional están asignados para la Cámara de Diputados y 206 para el Senado, eso sin contar con los custodios personales.

Durante su alocución ante el pleno del Senado, mencionó que un total de 3.635 policías se encuentran comisionados en distintas dependencias e instituciones, algo contra lo que también arremetió debido a la cantidad.

“COMISARIOS GORDITOS”

En el momento en el que se trataba el ascenso de comisarios de la Policía Nacional, Paraguayo Cubas sostuvo que hace poco decidieron aumentar el rango permitido de masa corporal para que puedan ascender algunos agentes policiales con sobrepeso.

“Después de nuestro pedido parece que sacaron una directiva que le permite a los comisarios gorditos ascender, a pesar de que el índice de masa corporal es una razón matemática establecida universalmente. Aumentaron a 30% lo que ya es sobrepeso, cuando lo correcto es 24%”, expresó el legislador independiente.

Ya en una ocasión anterior, Cubas había lanzado un cuestionamiento similar al encarar al jefe de Policía del Alto Paraná, el comisario Darío Aguayo, al expresarle: “Si hoy se despertara el general Eduvigis Díaz, a balazos le va a correr a usted por gordo, porque usted debe estar haciendo el test de Cooper. Usted cómo con esa panza le va a perseguir a un malevo en este país”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.