El colectivo de la empresa San Luis iba con dirección a Ciudad del Este cuando la motocicleta, guiada por Liz Villalba de 18 años quien circulaba en la misma dirección, realizó una maniobra para cambiar de carril, pero terminó colisionando contra el colectivo.

La motocicleta quedó incrustada entre las ruedas del vehículo que la arrastró unos 70 metros aproximadamente, según la Policía Nacional.

La mujer fue auxiliada de manera inmediata justo en el momento que se produce un incendio de la moto atascada entre las ruedas del colectivo.

De acuerdo al reporte policial, las características de la motocicleta se desconocen porque quedó destruida por las llamas.

La joven fue derivada hasta un centro asistencial con heridas producidas por el accidente y con quemaduras en algunas partes del cuerpo.

Según informó el canal Trece, el hecho ocurrió el lunes en el barrio Quinta de la mencionada ciudad. La víctima fue identificada como Amalia Beatriz Cáceres González, de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado completamente calcinado tras el siniestro.

De acuerdo con el informe de la Comisaría Séptima de Nanawa, la joven se encontraba en la vivienda junto a su concubino, Cristian Rolón Maidana, de 40 años.

Las primeras versiones indican que el incendio habría sido provocado por Porfiria Diana Giménez Aguirre, de 34 años, expareja del hombre, quien supuestamente prendió fuego al colchón donde se encontraba descansando la pareja.

Rolón Maidana logró salir de la habitación, pero Cáceres González quedó atrapada en el interior de la vivienda en llamas.

La madre de la víctima denunció además que la presunta autora habría golpeado previamente a la joven, dejándola inconsciente antes de iniciar el incendio.

El médico forense Augusto Schacht diagnosticó como probable causa de muerte la calcinación. Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

En el marco de la investigación, tanto Rolón Maidana como Giménez Aguirre fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Cuarta de Villa Hayes, donde quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias del caso.

El defensor explicó al canal GEN que la decisión del senador de solicitar permiso en el cargo fue voluntaria y responde a una estrategia para continuar sometiéndose al proceso judicial sin afectar la imagen institucional.

“El Tribunal de Sentencia no puso ninguna condicionante para que el senador renuncie. Ellos tampoco tienen facultad para hacerle perder la investidura, porque eso es competencia exclusiva de la Cámara de Senadores”, afirmó.

Tras conocerse la sentencia en su contra por lavado de dinero y asociación criminal, Galeano solicitó permiso sin goce de dieta ante el presidente del Senado, Basilio Núñez, amparándose en el reglamento interno de la Cámara.

El legislador argumentó además lo establecido en el Constitución Nacional del Paraguay, específicamente el principio de presunción de inocencia, que establece que toda persona es considerada inocente hasta que exista una sentencia firme.

De acuerdo con su defensa, la intención del senador es apartarse temporalmente de sus funciones mientras continúa el proceso judicial.

“Él decide pedir permiso para no generar ningún tipo de daño a la imagen del Congreso ni de las instituciones”, sostuvo Estigarribia.

El abogado también explicó la diferencia entre los fueros parlamentarios y la inmunidad que tienen los legisladores. Recordó que Galeano ya había renunciado a sus fueros al inicio del proceso para permitir que avance la investigación penal en su contra.

“Los fueros sirven para evitar que un legislador sea procesado. En cambio, la inmunidad parlamentaria evita que sea detenido mientras esté en funciones”, explicó.

En ese sentido, citó el artículo 191 de la Constitución, que establece que ningún senador o diputado puede ser detenido desde el día de su elección hasta el final de su mandato, salvo que la propia Cámara decida retirarle esa protección.

El abogado cuestionó además la decisión del tribunal de condicionar el cumplimiento de la pena a que la sentencia quede firme o a que el senador pierda su condición de legislador.

A su criterio, esa determinación traslada al Congreso una decisión que debería ser estrictamente judicial. “Es la primera vez que vemos que una resolución judicial termina dependiendo del Poder Legislativo. El tribunal debió asumir la responsabilidad de ordenar la prisión o disponer la libertad”, afirmó.

Según indicó, esa situación evidencia que el juicio tuvo una fuerte carga política y mediática.

Estigarribia explicó que la sentencia contra Galeano aún puede ser apelada y que la eventual prisión solo podría ejecutarse cuando la condena quede firme y ejecutoriada, es decir, cuando ya no existan recursos judiciales pendientes.

En caso de que el senador sea absuelto en instancias posteriores, podría levantar su permiso y retomar su banca en el Senado. “Si la condena se confirma y queda firme, seguramente presentará su renuncia”, sostuvo.

Un tribunal de sentencia condenó a Galeano a 13 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, una pena menor a los 17 años solicitados por el Ministerio Público.

Según la investigación, el legislador habría participado en una operación de lavado de dinero mediante la venta de una vivienda en el complejo Aqua Village por un millón de dólares, presuntamente pagados en efectivo.

Además, la Fiscalía sostuvo que el senador habría facilitado su aeronave al grupo criminal liderado por Miguel Ángel Insfrán, presuntamente para el traslado de sustancias ilícitas.

En un comunicado emitido ayer, la Comampar dio a conocer su postura en contra del proyecto de ley que propone establecer un día de permiso remunerado por cumpleaños.

“Creemos que las políticas públicas deben buscar siempre un equilibrio: acompañar a los trabajadores, pero también cuidar las condiciones que hacen posible crear y sostener empleo formal”, expresa el pronunciamiento.

También hablan de la necesidad de que el debate sobre nuevas medidas laborales se analice en un contexto más amplio, pues, consideran que el principal desafío es fortalecer el empleo formal y generar más oportunidades laborales, antes que pensar en días libres.

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Desde la Comampar advierten que, tanto el comercio mayorista como el minorista, que cumplen un rol clave en la economía nacional, necesitan previsibilidad para operar con normalidad.

“Reiteramos nuestra predisposición al diálogo para construir soluciones que beneficien al país en su conjunto”, concluyen.

Además, desde la Feprinco también están en contra. Por su parte, el Ministerio del Trabajo considera que este beneficio no debe ser impuesto por ley, sino quedar a consideración del empleador. De hecho, muchas empresas ya aplican este permiso remunerado.

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