Los accidentados en moto generan un gran gasto para el Estado ya que los que logran sobrevivir a un percance vial pasan como mínimo 12 días en terapia intensiva por lo general con un traumatismo de cráneo grave y solo el tratamiento de internación tiene un costo que ronda los G 300 millones, indican los datos proveídos por el Hospital de Trauma.

Además de los gastos económicos, las muertes por accidentes viales representan un problema social porque el mayor porcentaje de fallecidos corresponde a la franja adulta joven, que por lo general es el sustento del hogar, dejan familias enlutadas y sin fuente de ingreso.

Otra arista de estos siniestros son las secuelas con las que quedan los sobrevivientes, muchos quedan postrados, requieren de una atención médica especializada inclusive por el resto de sus vidas.

Según el Programa Nacional de Control de Accidentes y Lesiones por Causas Extremas, solo en el 2017 fueron reportadas unas 1198 defunciones relacionadas a siniestros viales y el mayor porcentaje, un 84% se concentró en varones. Los registros indican que la franja de edad correspondiente de 20 a 24 años fueron 187 fallecidos; los adolescentes de 15 a 19 años muertos sumaron 157; mientras que los jóvenes de 25 a 29 fueron 137 y los adultos de 30 a 34 años, 119.

Las defunciones se localizaron principalmente en Asunción, Central y Alto Paraná, y fueron protagonizados en su mayoría por motociclistas. El 52,5% de estas muertes se dio en el momento y lugar del siniestro (la calle). De acuerdo con datos proporcionados por el Programa, 672 fallecidos (58%) fueron motociclistas, 252 (21,8%) fueron peatones, 174 (15%) automovilistas, 10 (0,9%) muertes se produjeron por percances en camiones, 6 (0,5%) en ómnibus y 84 (7,3%) en otros medios.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

Te puede interesar: Modelo FTC para ir tras grupos criminales cada vez más organizados

La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

Leé también: Reportan más de 700 denuncias de abuso sexual infantil en el primer trimestre del año

Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.

La idea es extender réplicas de la exitosa sociedad policial-militar que logró reducir a la mínima expresión al EPP y la extinción de la ACA, así como a asestar fuertes golpes a organizaciones criminales en Canindeyú.

El plan, barajado en los Ministerios de Defensa y del Interior, contempla el establecimiento de puestos fijos de comandos, con puntos de conexiones para reacciones rápidas ante eventos que perpetran grupos de delincuentes.

El proyecto en cuestión surge a partir de la necesidad que tiene la Policía Nacional, de reforzar áreas de cobertura, ante la emergencia de pandillas bien organizadas, que cuentan con fuerte capacidad de fuego.

Te puede interesar: Alto coeficiente intelectual con ‘instinto’ asesino: joven policía gatillo fácil enciende alarma

Producción y tránsito de drogas, atracos a camiones de caudales, cajeros y bancos, ataques piratas en rutas, entre otros rubros delincuenciales, se han acrecentado de manera significativa desde hace unos años.

El plan de seguridad que maneja el gobierno central implica también inversión en tecnología para detección y ataques a agrupaciones ilícitas, que cada vez evidencian mayor capacidad de operaciones, utilizando herramientas de la tecnología.