Unidad de Investigación, Nación Media

A poco más de un mes para el desarrollo de las elecciones internas de los partidos políticos para definir candidaturas de cara a las elecciones generales del 2023, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), que tiene como presidente al cuestionado Vicente Mario Bataglia Araújo, sigue firme con la intención de cerrar a tambor batiente el proceso licitatorio para la construcción del centro médico de hematoncología, a pesar de las varias denuncias de oferentes, así como la recomendación e investigación abierta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Si bien es importante mencionar que la previsional tiene previsto destinar en el proyecto de construcción del hospital G. 226.071.989.589, que al cambio actual en moneda americana representan unos US$ 32,5 millones, un elemento aún más resaltante es que la empresa adjudicada tendrá un importante monto de dinero en concepto de anticipo.

Según los cálculos realiza- dos con base en los datos oficiales que obran en el portal de Contrataciones Públicas, la oferente que sea adjudicada por el IPS percibirá de manera casi inmediata unos G. 45.214 millones.

Es decir, en medio de denuncias de presunto direccionamiento de la millonaria inversión que a las apuradas el Consejo de Administración busca cerrar, la empresa que sea adjudicada tendrá un anticipo de US$ 6,3 millones, justamente a días del desarrollo de las internas partidarias donde los jefes políticos de Vicente Bataglia y aliados del presidente Mario Abdo Benítez se juegan el rekutu en el parlamento.

Sin olvidar que es de público conocimiento que Bataglia forma parte del equipo político de la senadora Lilian Samaniego.

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DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN

El pasado 7 de noviembre del 2022 el Instituto de Previsión Social había publicado en el portal de Contrataciones Públicas el “Diseño y construcción del centro hematoncológico del IPS”. Las quejas de los oferentes no se hicieron esperar ya que el plazo otorgado por la convocante para la presentación de ofertas era de 10 días, considerado de muy poco tiempo por la complejidad del proyecto.

En medio de estas series de quejas hay sospechas de direccionamiento, puesto que según objeciones existe una dificultad de presentar un plan acorde al dossier en tan pocos días, ya que estamos hablando de la edificación de un centro de alta complejidad, y que los requisitos técnicos recién fueron publicados 25 días después de la difusión del llamado.

En este contexto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas impugnó el llamado e inició la investigación, y desde la misma institución explicaron que el proceso de pesquisa aún no finalizó.

PROYECTO SAMANIEGO

Por otra parte, ante la presidencia de la Cámara de Senadores se presentó una solicitud para que esta instancia legislativa postergue sine die el tratamiento del proyecto de bicicleteo del IPS presentado por el diputado Arnaldo Samaniego y que ya fue aprobado en la Cámara Baja. El boceto tiene la intención de generar compromisos de créditos para cubrir US$ 240 millones de deuda con las farmacéuticas.

La misiva firmada por la asociación de pensionados y jubilados de la previsional, además del abogado Pedro Halley, ex gerente de Prestaciones del IPS, plantea generar una mesa de trabajo entre todos los actores con representantes de los tres poderes del Estado, de trabajadores, empleadores, aportantes y jubilados, donde se planifiquen alternativas para cumplir con los compromisos que tiene la previsional, pero que esto no afecte ni a la capacidad y calidad de los servicios médicos, como tampoco que ponga en riesgo el fondo de jubilaciones.

Por último, y no menos importante, Halley explicó que es esencial definir qué parte de la deuda corresponde al Ministerio de Salud Pública por servicios a no asegurados durante la emergencia sanitaria, cual es expresamente del IPS, y a partir de ahí generar nuevas estrategias y definir fuentes de financiamiento.

Recordemos que según informes de la institución a setiembre del 2022 la deuda con las proveedoras era de US$ 240 millones; sin embargo, la deuda histórica del Estado con la previsional llega a US$ 450 millones.

La Escuela de Formación de Suboficiales de la Armada Paraguaya (EFSOA) se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de saltar a la luz una denuncia relacionada a supuestos episodios de agresión.

Los datos refieren que un grumete que cursaba el primer año fue sometido a torturas físicas y psicológicas de forma sistemática, razón por la que se habría visto en la necesidad de abandonar su formación militar.

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Entre los hechos denunciados se mencionan golpizas, baños con agua helada en horas de la madrugada y otros castigos físicos, de acuerdo al relato del denunciante, cuyos datos se mantienen en reserva.

“Demasiado mucho le jugaron a mi hijo, incluso en la hora del almuerzo le castigaban. Como le venían jugando mucho, se tenía que refugiar junto a otro pelotón”, refirió la madre al canal SNT.

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Los presuntos responsables serían grumetes un curso superior, en este caso puntual, del quinto año. De momento, la cantidad y las identidades de estas personas aún no fueron divulgadas.

La Suprema Corte de Justicia Militar realizó una intervención en la Escuela de Formación de Suboficiales, abriendo una investigación para dilucidar estos supuestos hechos de abuso de autoridad.

El Instituto de Previsión Social (IPS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE (CJPPANDE) establecieron un marco normativo de cooperación. El documento apunta a coordinar acciones, brindar asistencia técnica y armonizar recursos para mejorar los servicios dirigidos a los beneficiarios del Régimen Unificado de Jubilaciones y Pensiones.

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A través de esta iniciativa, las entidades prevén la simplificación de los procesos administrativos y el cruce directo de datos. Esto reducirá los tiempos de espera para el acceso a los beneficios previstos por la ley una vez que los trabajadores culminen su etapa laboral activa.

Durante el acto oficial, el presidente del IPS, Isaías Fretes, resaltó que la actividad fortalece la institucionalidad y genera respuestas eficientes para los aportantes. El titular de la previsional señaló, además, la obligación de servir correctamente dentro de las normativas vigentes para generar confianza en el personal.

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A su turno, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, manifestó que la herramienta simplifica diversos procedimientos internos. Afirmó que la celeridad en los trámites representa un beneficio directo para el funcionario que inicia su etapa de retiro.

El compromiso conjunto busca la modernización de los servicios públicos y la eficiencia administrativa, de modo que los futuros jubilados encuentren canales de atención más ágiles.

Julio Esteban Duré, de 23 años, acudió a la Comisaría 11º de Asunción para denunciar la apropiación de una encomienda que nunca llegó a destino y que debía ser entregada vía delivery.

Se trata de unos smart glasses (lentes inteligentes), valuados en alrededor de G. 750.000, cuyo traslado estuvo a cargo de un conductor de Moto Bolt, identificado como Jhony Andrés Quiñónez Antúnez, de 19 años.

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Conforme a la denuncia, este joven nunca llegó a entregar el dispositivo a su destinatario final, que reside en la ciudad de Luque, quedándose con el mismo para posteriormente tratar de revenderlo.

Duré, comerciante de profesión, días después se percató que los mismos lentes estaban siendo ofrecidos a la venta a través de la plataforma online Marketplace de Facebook, razón por la que decidió acudir a la Policía.

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Fue así como el afectado coordinó una entrega vigilada con acompañamiento policial, simulando ser un potencial comprador. Al llegar al lugar indicado, en el barrio Herrera de la capital, los uniformados detuvieron al acusado.

En poder de Quiñónez incautaron el paquete, con todos sus accesorios en su interior, confirmándose así el hecho denunciado.