Monseñor Claudio Giménez “movió el avispero” al criticar que el Presupuesto General de Gastos de la Nación dejó de lado a 32.000 ciegos y dio plata a los partidos políticos.

En respuesta salió Diego Samaniego, de la Senadis. El funcionario señaló que “32 mil ciegos es una estadística a nivel país”, y que la Asociación de Ciegos no abarca a dicha cantidad, sino que solamente a 3.000 aproximadamente.

Comentó a la 650 AM que hubo malversación de fondos en la nucleación, lo que ocasionó la pérdida del presupuesto del Estado. “Acá lo que pasó es que a una asociación se le pilló que estaba malversando fondos del Estado en nombre de nosotros y mientras otros se estaban enriqueciendo”, aseveró.

Recordó que Horacio Cartes, antes de asumir la Presidencia, había hecho una donación a la asociación de G. 600 millones mensuales como ciudadano común. “Ese monto tampoco llegó a los miembros, porque se distribuía entre las autoridades (…) nadie sabe qué se hizo con el dinero”, dijo. El hombre sostuvo que actualmente la asociación no recibe ayuda.

Dijo que monseñor Claudio Giménez debe escuchar ambas campanas antes de emitir una crítica. “Quiso seguro hacer con buena intención pero está mal informado”, añadió.

“La Senadis está ayudando a los no videntes. Estamos con las puertas abiertas para los que necesiten. Se están dando medicamentos, la inclusión laboral, sillas de ruedas, bastones y hasta pensiones”, aseveró.

Samaniego comentó que no hubo cambios en la Asociación porque al parecer siguen las mismas autoridades. “Rufino Acosta está actualmente al frente de la Aso de Ciegos. Jamás hubo rendición de cuentas”, añadió.

ASO DESMIENTE

Por su parte, Gerónimo Muñoz, tesorero de la Asociación de Ciegos del Paraguay, sostuvo que la responsabilidad de la malversación de fondos en la institución “es personal y no institucional”, por lo que la investigación del Ministerio Público no se vuelca hacia la aso. “No nosotros no tenemos que pagar los platos rotos”, lanzó.

“Acá se está pintando como que toda la Asociación de Ciegos es mala, y no es así. Las responsabilidades son personales. Lastimosamente los parlamentarios se basaron en esta situación para dejarnos sin presupuesto este año”, contó además.

Recordó que el último presupuesto que tuvo la institución fue de 1.700 millones de guaraníes. “Durante la época de Fernando Lugo, el Ministerio de Hacienda desembolsaba nuestro salario cada tres meses”, añadió.

Muñoz aseguró que Samaniego miente también al decir que brindan medicamentos gratuitamente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.