Hace cuestión de unos meses tomó notoriedad un audio en el que se escucha a una cobradora de la empresa Inverfin que maltrata y extorsiona a un cliente a fin de que el mismo se acerque a cancelar una cuenta pendiente.

Este es uno de los tantos casos que se registran a diario, en el que empresas (ya sean casas de crédito, electrodomésticos, telefonías celulares, etc.) se encargan de insistir y coaccionar a los clientes, llegando inclusive a ciertos extremos, con tal de cancelar alguna deuda impaga.

Edward Arca, director del Centro de Atención al Deudor, en entrevista con la 970 AM habló sobre este tema y mencionó que, luego de que la atención mediática se haya centrado en el caso Inverfin, ya no se denunciaron este tipo de agresiones verbales, aunque los otros medios de “agobio” a los acreedores siguen vigentes, como notas, mensajes, notificaciones en lugares de trabajo, etc.

Uno de los principales problemas es la falta de información, señaló. Por ello, las personas que frecuentemente son extorsionadas no saben cómo actuar en situaciones similares cuando les exigen el pago de una deuda.

Arca también habló sobre este mismo tema en el programa televisivo “La Caja Negra” emitido por Unicanal, en donde refirió que “el esquema está preparado para hacer caer al deudor”, dando a entender que las mismas empresas se encargan de que complicar la situación de la persona.

“La información es la mejor herramienta que puede tener una persona que tiene deudas a fin de defenderse, saber cuáles son sus derechos y así poder actuar ante determinadas situaciones”, expresó el director del Centro de Atención al Deudor.

Uno de los casos más frecuentes es el de los pagarés que siguen siendo renovados por las propias empresas a través de los “pactos” o contratos de renovación de deudas, es decir, un pagaré que tiene una vigencia de 4 años (tiempo en el que prescribe) vuelve a ser “habilitado”, por lo tanto, la persona vuelve a tener una deuda nueva sin su consentimiento.

Ante este tipo de situaciones, Arca indicó que el primer paso a seguir es exigir a la empresa que proporcione la liquidación actualizada a la fecha, de manera a saber si el documento está prescrito o no, además de que esté incluida toda la información detallada de la deuda.

En segundo lugar, se debe solicitar la exhibición del documento donde consta la deuda porque en las transferencias de cartera o el paso “de mano en mano” entre abogados los documentos suelen extraviarse. “El deudor tiene que exigir la exhibición del documento y verificar si ese pagaré le corresponde y si la firma estampada es o no la suya”, puntualizó.

Recomendó a todas las personas que tengan algún tipo de duda o consulta sobre este tema que puedan contactarse con el Centro de Atención al Deudor (Tte. Fariña 1023 entre Brasil y EEUU) al (021) 204 572 – (021) 233 943 o el celular (0991) 724 623. También se encuentra habilitada la página en Facebook y el sitio web www.atencionaldeudor.com.py/.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.