En la tarde de este miércoles se desarrolló la sesión conclusiva de la Comisión Bilateral de Investigación y Seguimiento del Acta Bilateral de Itaipú.

Los senadores y diputados que integran dicho cuerpo legislativo no lograron unificar criterios para emitir un dictamen final en mayoría y, por ende, se resolvió elevar los seis dictámenes tanto al Senado como a la Cámara de Diputados para su debido análisis.

Igualmente, los parlamentarios decidieron que todas las documentaciones que fueron recabadas en relación a este caso sean remitidas al Ministerio Público y a la justicia ordinaria para que dispongan de las mismas.

Uno de los dictámenes -firmado por los diputados Sergio Rojas (PLRA), Walter Harms (ANR) y Justo Zacarías (ANR) más el senador Abel González (PLRA)- indica que el acta bilateral “era lesiva a los intereses del país, perjudicial a la ANDE” y que los responsables son el exministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, y el exembajador Hugo Saguier Caballero.

Por otra parte, los dictámenes (individuales) del senador Enrique Bacchetta (ANR) y del diputado Colym Soroka (ANR) coinciden en que el acuerdo suscrito con Brasil para la contratación de potencia de Itaipú “no configuró un perjuicio para el país”, además de que “no se puede determinar el daño que pudo haber representado” debido a su anulación.

La conclusión del senador Antonio Barrios (ANR) refiere que el acta bilateral “era lesiva a los intereses del país, perjudicial a la ANDE”, responsabilizando de su firma al presidente Mario Abdo Benítez, el excanciller Castiglioni, el exembajador Saguier Caballero, el exdirector técnico de Itaipú, José Sánchez Tillería, y el extitular de la ANDE, Alcides Jiménez.

Por otro lado, el dictamente del senador Jorge Querey (Frente Guasú) señala que “el país y la ANDE iban a ser perjudicados” con el acuerdo bilateral. El mismo responsabiliza de este hecho al presidente y el vicepresidente de la República, así como al ex Canciller Nacional y al exembajador paraguayo ante Brasil.

Finalmente, el senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA) y el diputado Fernando Oreggioni (PLRA) -ambos con dictámenes individuales- consideran que el acta era perjudicial para la ANDE y para el Paraguay, señalando como principales responsables al presidente de la República, el excanciller Castiglioni y el exembajador Saguier Caballero.

Ayala recordó que si bien las conclusiones de la comisión no son vinculantes, igualmente cada cámara podrá revisar las documentaciones y tomar las determinaciones que considere oportunas, como por ejemplo emitir alguna resolución o declaración.

En la ocasión, anunció que se convocará a los representantes de la empresa Leros (ligada a la familia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y vinculada al caso) para que puedan acudir a una reunión con los integrantes de la comisión.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.