¿Quién es el funcionario o la funcionaria a quien Velázquez pudo haber ofrecido soborno para que deje de investigarlo? ¿Y que caso específico sería? Son las interrogantes que saltan al tapete tras la designación leída por el embajador Marc Ostfield.

La primera pesquisa a Velázquez, que sigue abierta, tiene un inicio en el año 2018. Y hace mención a hechos de presunto lavado de dinero por 1.200 millones de dólares, negocios que conectaron con elementos del Hezbolá, calificado como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

La Fiscal General Sandra Quiñonez, a la apertura de aquel expediente, había señalado la gravedad de la denuncia, y su correspondiente abordaje por parte del Ministerio Público. El aparente envío al freezer de este caso, fue “descongelado” este viernes, cuando el embajador Ostfield dijo que el vicepresidente participó de actos de corrupción, valiéndose de su cargo público.

La otra investigación que aún sigue abierta sobre Velázquez, es en torno al acta entreguista de Itaipú, en la que el vicepresidente de la República tuvo un papel protagónico en el proceso de firma del acta que iba a perjudicar significativamente a nuestro país.

El dato resaltante de esto, es que era investigado por el entonces fiscal Marcelo Pecci, asesinado recientemente en Colombia.

EL extinto fiscal Pecci había requisado los celulares de Hugo Velázquez, y tuvo seis horas de audiencia con éste, en un intento por dilucidar la trama secreta que se tejió respecto al acta de Itaipú, escándalo que estuvo a punto de tumbar al gobierno de Mario Abdo Benitez.

¿Cual de los dos expedientes fue el que finalmente sirvió de base para la calificación al número dos del Ejecutivo?

La respuesta podría surgir por el lado de la fiscalía, en donde los investigadores habrían ido sumando elementos que dieron pie al Departamento de Estado para, calificar al segundo de Mario Abdo, por un lado, y aplaudir la labor del Ministerio Público, por el otro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.