Cuando hay una sentencia condenatoria es porque hubo una niña abusada o un niño asesinado por lo que hay que trabajar en los cambios en las pautas de crianza para que en la edad adulta se erradique la posibilidad de seguir haciendo daño a los niños, niñas y adolescentes, afirmó Teresa Martínez, ministra de la Niñez.

“Golpea fuerte ver cómo los adultos siguen en esta dinámica de arrebatar a los niños toda su posibilidad de desarrollo y de vida para tratar sus frustraciones y problemas que han generado otro adulto. Esto es consecuencia sin límites de situación de violencia de personas que no están en sus cabales y derrama su odio y rencor sobre una menor que nada tiene que ver”, señaló en contacto con La Unión.

Recordó que en el caso de la niña de Minga Guasu, está también otra víctima, una adolescente de 17 años que se encontró en una situación de total vulnerabilidad manteniendo una relación con un adulto, realidad que se normaliza al punto de permitir que vivan juntos como pareja siendo ella una menor de edad y existen muchos casos similares.

“La adolescente denunció, consiguió la orden de restricción y esta persona decidió realizar de todas formas un acto como este y es por eso que estamos en una disyuntiva de si las penas realmente previenen y solo si son muy altas tendrán la fuerza de disuasión. Hay que trabajar en lo comunitario, en las pautas e imponer una cultura del buen trato”, agregó.

Destacó que los niños y adolescentes no son culpables ni responsables de los problemas de los adultos y que lo ocurrido debe generar que los órganos de justicia actúan con todo el rigor de la ley.

Martínez reflexionó sobre las pautas de crianza y que estas deben cambiar y ve esto como una manera de prevenir este tipo de hechos en la edad adulta.

En cuanto a la severidad de las penas, afirmó que se deben aplicar las medidas de seguridad e impedir que estas personas estén en corto plazo nuevamente en las calles poniendo en riesgo a los niños.

“Las consecuencias de los actos son terribles e irreversibles con las muertes y hay que trabajar en el antes, ir haciendo todo lo que se pueda para movilizarnos en campañas preventivas””, indicó.

Según el antecedente, un joven de 25 años fue detenido como autor confeso de la muerte de una niña de 7 años en Minga Guasu, Alto Paraná. El joven la raptó y confesó haberla estrangulado y luego procedió a deshacerse del cuerpo, se cree actuó en venganza ya que realizó amenazas previas a la tía de la niña con quien mantuvo una relación sentimental a la que la joven decidió poner fin por antecedentes de violencia.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.