Cuando hay una sentencia condenatoria es porque hubo una niña abusada o un niño asesinado por lo que hay que trabajar en los cambios en las pautas de crianza para que en la edad adulta se erradique la posibilidad de seguir haciendo daño a los niños, niñas y adolescentes, afirmó Teresa Martínez, ministra de la Niñez.

“Golpea fuerte ver cómo los adultos siguen en esta dinámica de arrebatar a los niños toda su posibilidad de desarrollo y de vida para tratar sus frustraciones y problemas que han generado otro adulto. Esto es consecuencia sin límites de situación de violencia de personas que no están en sus cabales y derrama su odio y rencor sobre una menor que nada tiene que ver”, señaló en contacto con La Unión.

Recordó que en el caso de la niña de Minga Guasu, está también otra víctima, una adolescente de 17 años que se encontró en una situación de total vulnerabilidad manteniendo una relación con un adulto, realidad que se normaliza al punto de permitir que vivan juntos como pareja siendo ella una menor de edad y existen muchos casos similares.

“La adolescente denunció, consiguió la orden de restricción y esta persona decidió realizar de todas formas un acto como este y es por eso que estamos en una disyuntiva de si las penas realmente previenen y solo si son muy altas tendrán la fuerza de disuasión. Hay que trabajar en lo comunitario, en las pautas e imponer una cultura del buen trato”, agregó.

Destacó que los niños y adolescentes no son culpables ni responsables de los problemas de los adultos y que lo ocurrido debe generar que los órganos de justicia actúan con todo el rigor de la ley.

Martínez reflexionó sobre las pautas de crianza y que estas deben cambiar y ve esto como una manera de prevenir este tipo de hechos en la edad adulta.

En cuanto a la severidad de las penas, afirmó que se deben aplicar las medidas de seguridad e impedir que estas personas estén en corto plazo nuevamente en las calles poniendo en riesgo a los niños.

“Las consecuencias de los actos son terribles e irreversibles con las muertes y hay que trabajar en el antes, ir haciendo todo lo que se pueda para movilizarnos en campañas preventivas””, indicó.

Según el antecedente, un joven de 25 años fue detenido como autor confeso de la muerte de una niña de 7 años en Minga Guasu, Alto Paraná. El joven la raptó y confesó haberla estrangulado y luego procedió a deshacerse del cuerpo, se cree actuó en venganza ya que realizó amenazas previas a la tía de la niña con quien mantuvo una relación sentimental a la que la joven decidió poner fin por antecedentes de violencia.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.